La Ley de la Jibia tiene a pescadores manifestándose a favor y en contra de ella. El gobierno anunció un veto aditivo que no objeta la eliminación de la pesca de arrastre y que le valió las críticas de todos los sectores. Acá te contamos todo lo que debes saber sobre la polémica entre el Ejecutivo, el Parlamento, los pescadores artesanales y los industriales.
El sector industrial sigue en pie de guerra por la Ley de la Jibia. Este viernes las protestas se trasladaron a Santiago, donde cerca de 1.500 trabajadores industriales se manifestaron frente a La Moneda en rechazo al veto presidencial que anunció el Gobierno durante esta semana.
La molestia surgió luego que el Ejecutivo señalara la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional si es que el proyecto avanzaba en el Congreso, algo de lo que finalmente desistió, optando, en cambio, por anunciar un veto presidencial que no objetará la eliminación de la pesca de arrastre, sino que incorporará el sistema de cerco “como arte de pesca para ser utilizado tanto por el sector artesanal, como industrial”.
¿Cómo nació el conflicto que tiene enfrentados a pescadores artesanales e industriales entre sí y con el Gobierno por la jibia o calamar rojo?
La Ley de la Jibia es una iniciativa ingresada al Parlamento en 2014 por los diputados Víctor Torres (DC) y Daniel Nuñez (PC) como moción parlamentaria.
Tras ser tramitada por cuatro años, el 8 de enero la Cámara de Diputados ratificó por amplia mayoría los cambios propuestos por el Senado y dejó a la Ley de la Jibia lista para ser promulgada. La iniciativa fue aprobada con 115 votos a favor, dos en contra y 11 abstenciones.
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La ley establece la prohibición de capturar la jibia con pesca de arrastre, mecanismo utilizado por los pescadores industriales, y deja como único método de recolección la potera o línea de mano, con lo que se ven beneficiados los pescadores artesanales.
La pesca de arrastre consiste en el uso de una red que arrastra todos los peces que encuentra a su paso.
La medida causó el disgusto de los industriales, quienes alegan que así como está, la ley generaría desempleo. Las multas para quien infrinja la normativa alcanzan los $24 millones.
El Gobierno se opuso desde el comienzo a esta iniciativa y hace unos meses comentó la posibilidad de llevarla al Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, finalmente optó por anunciar un veto presidencial, el que causó el disgusto tanto de los industriales como de los artesanales.
La jibia o calamar rojo es un molusco de carne blanca que, según señala la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, es explotado a desde la XV a la XII región del país.
Con un tamaño promedio de 1,5 metros, es comercializado en países tan dispares como España, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Costa Rica y Tailandia, entre muchos otros. Mientras en Latinoamérica se usa para surtidos de mariscos y ceviches, en Europa se encuentra en conserva fresca refrigerada y en oriente como snack.
Su exportación genera ganancias millonarias para la industria. En la Región del Bío Bío, por ejemplo, facturó $40 mil millones durante el primer semestre de 2018.
Los pescadores industriales han sacado en cara al Gobierno su promesa de llevar la ley al TC y se han manifestado contra el veto anunciado por el ministro de Economía, José Ramón Valente. Critican que no se reponga la pesca de arrastre y que en lugar de ello se incorpore el cerco, mecanismo que consiste en una larga pared de red que rodea a los peces.
En entrevista con CNN Chile, el presidente de la Asociación Gremial de Oficiales de Pesca Industrial (Agopesi), Jaime Acuña, aseguró que “con éste método el producto no llega en condiciones para consumo humano. Solamente con potera y con arrastre la jibia llega en buenas condiciones a las plantas”.
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Este viernes los industriales entregaron una carta al presidente Sebastián Piñera en la que plantean que el veto continúa perjudicándolos y que el Gobierno debe recurrir al Tribunal Constitucional. “Lo que la prensa denomina ‘Guerra de la Jibia’ no es ninguna guerra. Es un conflicto sin sentido que nos tiene enfrentados de manera artificial con la pesca artesanal porque algunos diputados y senadores irresponsables nunca nos quisieron escuchar”, afirmaron.
Desde el Congreso también criticaron la medida y lo hicieron de manera transversal. El diputado RN Leonidas Moreno indicó que el Gobierno “equivocó el camino” y que “al parecer solo escuchó a los empresarios”, mientras que el diputado Víctor Torres (DC) dijo a CNN Chile que el veto sólo “agrava el conflicto”.
El lunes el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, se reunirá en Concepción con los trabajadores artesanales, quienes por su lado piden que el proyecto se mantenga tal como fue aprobado en el Congreso, sin el veto aditivo anunciado por el ministerio de Economía.
Ahora el veto deberá ser votado por la Cámara de Diputados, donde necesita mayoría simple. De fracasar, la ley quedaría tal cual como fue aprobada en el Congreso.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
