CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
La ley corta fue ingresada con suma urgencia por el Gobierno. Según el Ejecutivo, de ser aprobada esta iniciativa, aumentará en alrededor de 70 mil el número de personas que reciben el beneficio.
Los miembros de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, además de la de Trabajo y Seguridad Social, aprobaron la ley corta ingresada por el Gobierno para mejorar el sistema de admisión a la Pensión Garantizada Universal (PGU) con el propósito de ampliar su rango de beneficiarios y beneficiarias.
La ley corta fue ingresada con suma urgencia por el Ejecutivo. Tras su aprobación de forma unánime, el proyecto fue despachado a la Sala.
Según el Ejecutivo, de ser aprobada esta iniciativa, aumentará en alrededor de 70 mil el número de personas del país que reciben la PGU.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que el proyecto busca “cambiar la forma de determinar el universo del 90% de los beneficiarios que hoy día está establecido en la PGU, como el 90% de las personas mayores de 65 años, y pasar al universo tradicional en materia de pilar no contributivo para el 90% de la población”.
En concreto, el proyecto de ley introduce modificaciones a los artículos 10 y 25 de la Ley 21.419, ampliando el universo de focalización de la PGU desde la población de 65 años o más a toda la población del país. Con esto, “el umbral de corte será más alto, permitiendo que más adultos mayores accedan al beneficio”.
👉El Proyecto de Ley Corta de PGU busca aumentar cobertura al 90% de personas mayores con menores ingresos, del universo total de la población. Esto hará que más de 70 mil personas sean nuevos beneficiarios.
Además, en Reforma de Pensiones, se propone que PGU se extienda aún más pic.twitter.com/TbAswoAhJC
— Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) January 3, 2023
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.