El proyecto, cuyo titular es Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., contempla una inversión de 200 millones de dólares y una vida útil de 25 años. Y consiste en la habilitación de un centro de almacenamiento de datos tecnológicos.
El Segundo Tribunal Ambiental acogió de manera parcial una reclamación presentada contra la aprobación del proyecto de Google, denominado “Cerrillos Data Center”, y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) remontarse al procedimiento de evaluación de la iniciativa.
La sentencia señala que tanto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto como la resolución exenta de la dirección ejecutiva del SEA “incurren en la ilegalidad”. Esto porque “faltan antecedentes que justifiquen la inexistencia de impactos significativos sobre el Acuífero Santiago Central”.
A su vez, ello “incide en las condiciones o exigencias dispuestas, así como en los compromisos ambientales voluntarios”.
Bajo esa línea, el fallo del tribunal anula parcialmente la RCA del proyecto. Además, ordena que se tenga en consideración “el potencial efecto del cambio climático”.
Inicialmente, entre los reclamantes estaban 14 vecinos de Cerrillos y dicho municipio. Sin embargo, el organismo y 13 pobladores desistieron de la acción legal porque el proyecto declaró públicamente que ya no usaría agua como método para enfriar los servidores. El reclamo solo fue continuado por una vecina.
En febrero de 2022, la empresa presentó al SEA una consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del proyecto “Modificación del Proyecto ‘Cerrillos Data Center”, la cual “consiste en reemplazar las torres de enfriamiento en base a agua por enfriadoras de condensación por aire, lo cual derivaría en la eliminación del consumo de agua subterránea respecto de los tres pozos del Acuífero Santiago Central sobre los cuales cuenta con derechos de aprovechamiento de aguas”.
Sobre ello, la sentencia explica que con el cambio en el sistema de enfriamiento de servidores no requiere ingresar obligatoriamente al SEIA previo a su ejecución, por lo que el procedimiento “no resulta vinculante para la evaluación ambiental del proyecto original”.
En consecuencia, el tribunal concluyó que dicha evaluación “no permitió descartar adecuadamente los impactos significativos del proyecto sobre el recurso hídrico, lo cual, estimó, va en contra del principio preventivo y de la propia finalidad de una Declaración de Impacto Ambiental”.
Además, las medidas establecidas por la Dirección General de Aguas (DGA) no reemplazan una correcta evaluación del proyecto en cuanto a descartar la inexistencia de efectos adversos”.
El proyecto, cuyo titular es Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., contempla una inversión de 200 millones de dólares y una vida útil de 25 años. Y consiste en la habilitación de un centro de almacenamiento de datos tecnológicos.
Sus instalaciones principales corresponden a dos edificios de Data Center, dos patios eléctricos, oficinas administrativas, estacionamientos, garita de acceso, bodegas, una subestación eléctrica con una línea de transmisión subterránea de doble circuito, torres de enfriamiento y generadores eléctricos de emergencia con su estanque de combustible líquido integrado.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
