El TC declaró como inconstitucional al artículo 63 de la Ley de Educación Superior sobre la prohibición de controladores con fines de lucro en universidades.
Muchas veces los actos tienen consecuencias en cadena, que incluso pueden rebotar y golpear a quien los ejecutó. Eso es lo que está pasando con la resolución del Tribunal Constitucional al permitirle a entidades con fines de lucro entrar a la educación superior. Con esto el TC podría haber sellado su propio destino frente a un país y una clase política que no quieren una tercera cámara, sino que las decisiones que adopten en mayoría, se cumplan… Hoy voces de todos los bloques políticos piden reformularlo.
Y en materia educacional, cuando el TC permite el ingreso de entidades que lucren a las universidades, la primera consecuencia no es la más obvia: retirar utilidades. Eso está prohibido en la Constitución y regulado por la misma ley que crea un controlador. Pero sí le permite a instituciones que muchas veces pueden ser ajenas al sistema educativo, participar en el control de un espacio y una comunidad que sólo debiera ser académica, involucrándose en la toma de decisiones que pueden llevar indirectamente a una ganancia.
Por eso es la autonomía universitaria la que se ve en peligro… Y más allá de eso, si esa entidad con fines de lucro, se convierte en propietaria de una universidad que adhiere a la gratuidad, no llevará también a cuestionar ¿por qué el Estado debe ayudar a financiar a una empresa?
Argumentos que son las llaves que podrían abrir las puertas para que los estudiantes salgan a la calle. Ya lo hicieron ayer. Si estas voces se convertirán o no en el movimiento social de 2011, no lo sabemos…
Hace exactamente 10 días el ministro Gerardo Varela decía que el tiempo de las marchas ya pasó. ¿Podrá hoy decir lo mismo?
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
