CNN Prime: Subamos el nivel

Eduardo Molina, de 30 años fue acusado de violar a una joven en la comuna de Ñuñoa en septiembre de 2016. Fue señalado como el autor, pese a los cuestionamientos a los peritajes que hizo su defensa.

En la audiencia de formalización de septiembre pasado, la Fiscalía pidió su prisión preventiva y Eduardo pasó directo a la cárcel en el penal Santiago 1. Un calvario, dijo, a la espera de un examen de ADN. 4 meses después, el resultado fue negativo.

Eduardo era inocente y fue dejado en Libertad. Su historia se conoció hace unos días en medio del debate sobre la reposición de la pena de muerte en Chile. Y es un recordatorio del sumo cuidado que se necesita al momento de debatir estos temas.

El caso de Eduardo se produjo en etapas preliminares del jucio, muy lejos de una condena. Pero los errores en esa etapa, advierten algunos abogados, no son tan marginales.

Un paper del abogado Mauricio Duce aportó datos sobre condenas de inocentes: entre 2007 a 2013 se presentaron 470 recursos de revisión de condena. Y 44 de ellos se acogieron.

Es decir casi un 10% de personas que, finalmente, eran inocentes. En tiempos que se pide más mano dura, de propuestas muchas veces al voleo y solicitudes de plebiscito para zanjarlas, es necesario poner paños fríos.

No ayudan las pasiones, ni las consignas populistas. Tampoco ayudan mensajes al estilo “far-west” como la de Leonardo Farkas, que ofreció 10 millones de pesos a quien encuentre a la menor desaparecida en Licantén.

Un mensaje bien intencionado, no hay dudas, pero que degrada el funcionamiento policial y judicial, al poner en la ciudadanía la responsabilidad de un trabajo que corresponde a las autoridades.

Y que puede terminar en una suerte de cacería. Son señales de alerta, que deben ser atendidas, de un sentir aparentemente generalizado: que en Chile el sistema judicial no funciona.

La encuesta  publicada por Plaza Pública Cadem esta semana de alguna manera lo ratifica. Apenas un 14% aprueba el funcionamiento de los Tribunales y solo un 25% valida la tarea de la Fiscalía, mientras la confianza en Carabineros va en picada.

Una tendencia que se arrastra desde hace años, pero que empieza a tomar nueva envergadura con el a veces irresponsable tono del debate que escuchado durante estos días