Unánime. El Tribunal Oral de Temuco absolvió a los 11 acusados en el crimen del matrimonio Luchsinger-McKay.
El caso se sustentaba en un llamado «testigo clave» que luego se retractó, y cuyas declaraciones, según los jueces, presentaban serios vacíos y contradicciones, que no fueron subsanados por el resto de las evidencias.
Se entiende la frustración y el dolor de la familia de las víctimas: después de casi 5 años, el cruento asesinato de una pareja de ancianos que murieron quemados queda con un solo responsable: el machi Celestino Córdova, atrapado cerca del lugar, con una herida a bala.
Pero no debemos perder de vista que el fin del sistema judicial no es condenar sí o sí a quienes se acusa inicialmente, sino examinar la prueba y de acuerdo a ella decidir si alguien es culpable. Si esa evidencia no existe o es insuficiente, en un Estado de Derecho esa persona debe quedar en libertad.
Por eso no es correcto decir, como hoy el ex Pdte Piñera -que gobernaba cuandio ocurrió el crimen- que ésta es una «mala noticia». Lo malo, lo inaceptable en un estado de Derecho, sería condenar a alguien, mapuche o no, sin que se haya probado su culpa.
Sin duda, es el peor golpe para la Fiscalía desde el Caso Bombas. Tienen fiscales, policías y legisladores tarea pendiente en el trabajo contra la violencia y en hacer justicia en el caso Luchsinger. Pero nada de eso puede atentar contra un derecho fundamental que todos tenemos: la presunción de inocencia.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.