"De un lado están las necesidades de una pareja que se juega su oportunidad de ser padres, y una mujer que ve una alternativa económica atractiva. Del otro, una sociedad que intenta resguardar el bien común", agregó el conductor de 360°.
El drama de la pareja chilena en Perú abre el postergado debate sobre la gestación subrogada o, como se le suele llamar, los vientes de alquiler. Hoy, el tema no está regulado en Chile, y dos proyectos de ley proponen soluciones opuestas: permitirlo o prohibirlo.
Una postura, más bien desde la lógica liberal de los derechos individuales, es que acuerdos como estos son parte de la libertad de las personas. Pensemos en una mujer adulta que, como soberana de su cuerpo, acepta gestar un hijo ajeno a cambio de dinero, en un acuerdo libre e informado. ¿Por qué el Estado habría de inmiscuirse en su intimidad para prohibirlo?
Te puede interesar: Así fue el reencuentro del matrimonio chileno con los mellizos en Perú
Pero con este razonamiento, también deberíamos permitir un mercado de sangre, o de órganos ¿Por qué no podría un adulto tener la libertad para vender un riñón, si obtiene un buen precio por ello?
Ahí se complica la discusión. Porque al crearse un mercado, bienes como los órganos o la sangre, que pueden salvar la vida de una persona, pasan a ser bienes de consumo, que se transan al mejor postor. Una sociedad en que los más pobres vendan riñones a personas adineradas con problemas de salud es justificable desde esas libertades individuales, pero es muy difícil de defender en términos del bien común.
En muchos países se prohíben los vientes de alquiler por motivos análogos, más bien de justicia social, podríamos decir, para evitar un mercado de cuerpos, en que mujeres pobres se embaracen para gestar a los niños de parejas ricas. O el turismo gestacional, en que mujeres de países pobres sirven a parejas de naciones más desarrolladas, algo que no es una ficción, sino que está ocurriendo en la práctica en el mundo.
Otras legislaciones permiten solo la llamada subrogación altruista, o sea, teóricamente sin pago de por medio, aunque sí con compensaciones económicas por los efectos laborales, físicos y psicológicos del embarazo. ¿Y dónde está la línea entre compensar y pagar? ¿Y cómo se fiscaliza que se cumpla?
El asunto es tan complejo, que en España, por ejemplo, ha dividido a movimientos de minorías sexuales, a favor de la gestación subrogada que permita la paternidad de parejas gays, de las fuerzas feministas, en contra de lo que ven como una mercantilización del cuerpo.
De un lado están las necesidades de una pareja que se juega su oportunidad de ser padres, y una mujer que ve una alternativa económica atractiva. Del otro, una sociedad que intenta resguardar el bien común. Son debates en que no hay una verdad única y no hay una solución perfecta.
