"Nosotros les estamos financiando la asesoría legal para que ellos no hagan pública información que siempre debió serlo y los ciudadanos quedemos en la más completa oscuridad sobre si el dinero para asesorías se usó de veras en eso", comentó la conductora de Marca Registrada.
Había una vez una democracia donde, se supone, todos los ciudadanos y ya ninguna empresa financiaban las campañas. Los parlamentarios elegidos para, se supone, trabajar mejor contrataban serios y capaces expertos que realizaban informes.
Esto se, se supone, era útil para redactar buenas leyes. Y un día, pérfidos fiscales quisieron ver si los informes existían y no eran copy paste. ¿Una historia? Sí, pero no de cuento, ocurre en Chile.
Aquí hay suficientes antecedentes de que no todos los documentos son útiles, que algunos son copia y otros ni existen.
Pero lo anterior no ha resultados motivo de vergüenza y los senadores, a diferencia de los diputados, tuvieron la audacia de declarar que no entregarían los informes a Fiscalía.
Como si fuera poco, los “honorables” contrataron con fondos del Senado, o sea que aportamos todos los chilenos, a un abogado para que los ayude ante el Ministerio Público en una postura que no busca más sino menos transparencia.
O sea, nosotros les estamos financiando la asesoría legal para que ellos no hagan pública información que siempre debió serlo y los ciudadanos quedemos en la más completa oscuridad sobre si el dinero para asesorías se usó de veras en eso.
Financiamos un abogado para negarnos a todos nosotros nuestro derecho a esa información. Dejémonos de cuentos, esto es inaceptable.
La defensa del mandatario aseguró que él fue víctima de acoso sistemático por parte de la mujer que, 10 años después de enviados los mensajes, presentó la denuncia en su contra.
