Esto porque se ha permitido que se instalen industrias tras industrias sin tomar medidas para que estas sean compatibles con una vida sana de quienes habitan en el sector.
2480 millones de pesos tendrá que pagar el Fisco a los atrapados en la Mina San José. La Justicia determinó que el Estado no cumplió con fiscalizar la seguridad de las faenas.
Clarísimo. E inevitable no trasladar esa lógica a lo que ocurre en la Región de Valparaíso. Desde hace más de medio siglo el Estado permite que en Quintero y Puchuncaví se instalen industria tras industria sin tomar medidas para que la actividad productiva sea compatible con una vida sana.
Los habitantes de esa zona podrían reclamar en tribunales la vulneración ya no de una ley sino del precepto constitucional que garantiza el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
Y lo pueden reclamar porque los gobiernos pasan, pero el Estado permanece. Y el ESTADO de Chile por décadas ha hecho la vista gorda hasta que se haga normal hablar de una “zona de sacrificio” donde claro, los únicos que se sacrifican (y de manera obligatoria) son los que ahí viven.
¿Dónde están los planes de descontaminación que descontaminen? ¿Qué industrias fueron obligadas a cerrar? ¿Quién les devuelve los días de clases perdidos? ¿Quién se hará cargo de los costos de las enfermedades agudas y crónicas de hoy y las que puedan manifestarse en el futuro?.
No es un hecho puntual como ocurrió en San José. No hay un derrumbe que producto de la negligencia de empresa y estado pudo matar a 33 hombres. Pero todos sabemos que en Quintero y Puchuncaví, la contaminación les está quitando la vida o la calidad de vida en cuotas con cada respiro.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
