La candidata a un cupo por escaños reservados quiere que la territorialidad vinculada al concepto ancestral de MAPU se comprenda y se eleve a la categoría de interés general para generar el resguardo institucional de los territorios en su conjunto. "Es esencial hablar de la naturaleza como sujeto de derechos", dijo en conversación con CNN Chile.
“Veo en este proceso una oportunidad para proponer algunas ideas que pueden ser fundamentales para solucionar los conflictos de gran relevancia a nivel social que hoy día tenemos”. Así describe su candidatura a constituyente la abogada mapuche Carmen Caifil (29), quien busca representar a su pueblo en la Convención Constitucional.
Según contó en entrevista con CNN Chile, la motivación para participar del proceso fue la confianza que depositó en ella un grupo de personas de su comunidad que le pidió expresamente que presentara su nombre en la papeleta para redactar la nueva Carta Magna.
Lo segundo tiene que ver con la realidad territorial que vive el pueblo mapuche. Caifil vive en Tilcahue, cerca de San José de la Mariquina, una localidad que, de acuerdo a sus palabras, es “zona de sacrificio”, al tener déficit hídrico, devastación forestal, ausencia de árboles nativos y de hierbas medicinales.
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Derechos territoriales
Son precisamente los derechos territoriales la bandera de lucha de la también magíster en Cultura Jurídica. Es que según plasma en su programa, es fundamental lograr el reconocimiento de la territorialidad vinculada al concepto ancestral de MAPU.
“Es esencial empezar a hablar de la naturaleza como sujeto de derechos. MAPU es mucho más que un territorio, comprende tanto el espacio terrestre, aéreo y marítimo y el concepto habla de una integralidad, de un todo. Parte por entender que no somos los únicos seres existentes en la MAPU”, explica.
En esa línea, afirma que elevar el concepto a la categoría de interés general permite generar resguardo y protección institucional de los territorios en su conjunto.
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Además de los derechos territoriales, la candidata mapuche establece que es necesario el reconocimiento y revaloración de los pueblos originarios como sujetos de derechos colectivos y ello implica distinguir las formas de vida de cada pueblo.
En palabras simples, que se reconozcan las organizaciones tradicionales propias, por parte del poder estatal, así como el sistema de salud y de educación del pueblo mapuche.
Señaló también que se debe asegurar la participación social y política de los pueblos originarios, sin intromisión del Estado, tanto en la esfera interna de cada comunidad, así como en la elección de la relación con el poder estatal u otro pueblo.
Asimismo, “desde el poder estatal se deben generar políticas públicas coherentes con las formas de vida, fines e intereses de cada pueblo originario”, sostuvo, añadiendo que “la participación debe recoger el modelo antiguo, y como tal se debe reconocer y revalorar a las autoridades ancestrales”.
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Descentralización, medio ambiente y demandas sociales
Por otro lado, hizo énfasis en aquellos contenidos transversales que impulsará de ser elegida para integrar la Convención. Dentro de ellas se encuentra la descentralización.
Al respecto, afirmó que “hay que dar mayor espacio a los pueblos para que se puedan organizar”. Eso incluye el fortalecimiento de los territorios autónomos.
Otro punto es la protección del medio ambiente, lo que ella califica como “básico”. “Hay que empezar a hablar de un principio de reparación del daño causado y ese deber lo debe tener el Estado”, emplazó, aclarando que no basta con que en la regulación se incluya la protección de los espacios.
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Sobre las demandas sociales, reclamadas con mayor fuerza tras el estallido social del 18-O, la abogada asegura que está abierta a apoyar las iniciativas. “Solidarizamos con nuestros hermanos, y urge que este nuevo pacto social las recoja”, señaló.
Respecto a la participación social y política en general, Caifil expresó que “hay un gran malestar respecto a la distribución de poder por la forma en que se toman las decisiones”. En esa línea, dijo que “hay que buscar mecanismos de participación y uno de los mejores criterios que se podría usar tiene que ver con la iniciativa popular legislativa, que da la posibilidad legítima de que la ciudadanía presente proyectos de ley”.
Nombró, además, los mandatos revocatorios, apuntándolos como “mayores mecanismos de control”. “No puede ser que haya que seguir soportando en cargos públicos a quienes presentan sus programas y luego se apartan de ellos y no cumplen con su objetivo planteado el comienzo”, puntualizó.