La bioingeniera compite por un cupo en el distrito 28 y entre sus principales propuestas se encuentra el reconocimiento de la naturaleza como sujeta de derechos y un enfoque feminista. "Esta Constitución se pensó de una manera tal que todos los aspectos de la vida pudieran ser privatizados", critica.
Nació en la Región del Bío Bío, pero hace algunos años Elisa Giustinianovich (36) vive en Punta Arenas –”quedé bastante enamorada la primera vez que vine”, cuenta– y desde entonces ha trabajado en distintas organizaciones de movimientos sociales ambientalistas y feministas.
Su faceta activista se combina con su carrera como bioingeniera y doctora en Ingeniera en Química e investigadora en la U. de Magallanes sobre energía renovable y gestión de residuos, entre otras materias.
Desde esa trayectoria es que impulsa su candidatura como independiente a la Convención Constitucional por el distrito 28 y explica que la decisión fue adoptada de forma colectiva junto con la Coordinadora Feminista de la ciudad y otras agrupaciones.
“Surgió la necesidad de levantar una candidatura para disputar la Convención Constitucional con nuestras propias voces siempre desde una visión bien crítica. Algo que evaluamos fue que no había ninguna posibilidad de delegar nuestra voz, el trabajo que veníamos haciendo hace tanto tiempo, sobre todo considerando la crisis de legitimidad en los partidos políticos que han administrado el poder de una forma tremendamente precarizadora de la vida durante las últimas décadas”, explica.
Lee también: Tiare Aguilera Hey, la abogada que busca representar al pueblo Rapa Nui en la Constituyente
La candidata manifiesta que, dentro de los aspectos que le parecen más problemáticos de la carta fundamental actual, “hay algo que sentimos que es transversal en los programas de los movimientos sociales para cambiar en nuestra Constitución, que es el rol subisdiario del Estado hacia un Estado social de derechos“.
“Eso es una tremenda deuda, algo que efectivamente necesitamos transformar para garantizar los derechos humanos de todas las personas en este país y ahí evidentemente caben derechos sociales, económicos, políticos, civiles y poder garantizar una protección, una red de seguridad para todas las personas que incluya pensiones dignas, educación integral, acceso a la salud”, dice.
En esa línea, apunta a las expresiones surgidas tras el estallido social y señala que “el sentir común es de injusticia, abuso, de inequidad, de desigualdad. Cuando empezamos a profundizar sobre cuáles son las cosas que han generado todo esto, ahí nos vamos inmediatamente a la Constitución del ’80 que es la Constitución de la dictadura“.
“Esta Constitución se pensó de una manera tal que todos los aspectos de la vida pudieran ser privatizados, al punto de que finalmente terminamos en un contexto donde todo es privado, si bien hay un montón de cosas que son públicas, están tremendamente precarizadas porque el Estado tiene un rol subsidiario que no le permite hacerse cargo de lo que se puede hacer cargo la empresa privada, que lucra con ello”, afirma.
Lee también: Carolina Parraguez creará un Defensor de la Naturaleza si es electa para la CC en el D10
El programa de Giustinianovich tiene cuatro ejes centrales: en enfoque territorial, el establecimiento de un Estado Plurinacional, un Estado Social que garantice los derechos humanos y sociales y un enfoque de género.
El primero de ellos hace referencia a la defensa del medioambiente e incluye el reconocimiento de la naturaleza como sujeta de derechos y bienes comunes. En el caso de Magallanes, esta propuesta se basa, explica, en los efectos que ha generado la industria salmonera.
“Tenemos incluso plantas instaladas en la Reserva Nacional Kawésqar, o sea, quién puede comprender que algo que se ha declarado como reserva, donde debiésemos resguardar aquello para que tengamos ambientes prístinos, no esté protegido y que en unos años más pueda quedar inhabilitado por el nivel de desastre ambiental que causan”, dice.
“A nivel constitucional lo que sucede es que lo único que se ha fijado como prioridad es la libertad económica y eso por sobre todos los derechos, pasa por encima de la legislación ambiental, los DD.HH, de todo porque es lo que prima en nuestra Constitución y lo que está más resguardado es la propiedad privada y la libertad de empresa”, afirma.
Además, explica que su propuesta sobre reconocer y garantizar el acceso a bienes comunes, como por ejemplo el agua, se basa en que “si hay algo que la Constitución actual protege es la propiedad privada. No puede ser que no tengamos protegidos los bienes comunes y el acceso a ellos. Necesitamos poner limitaciones porque hay cosas que son vitales para la vida y no pueden ser privatizadas porque de ello dependemos”.
Lee también: Diego Vallejos quiere que todo lo que esté en la Constitución proteja a las personas con discapacidad
Su propuesta también incluye un enfoque feminista para la elaboración de la nueva carta fundamental y la necesidad de que ello “sea transversal a toda la Constitución, que eso no quede en la parte dogmática, más poética, que el Estado se haga cargo en la parte orgánica de mandatar a todos los poderes e instituciones del Estado a garantizar aquello que es nuestra demanda central, que es garantizar vidas libres de violencia“.
“Nuestras demandas pasan por reconocernos como sujetas políticas y de derechos en la Constitución. Pero además tiene que haber una bajada orgánica para que esto se haga cargo, que realmente tengamos un Estado que a través de sus instituciones se encargue de educar, prevenir, sancionar y reparar a las víctimas y las sobrevivientes de violencia de género“, añade.
Finalmente, agrega que “el enfoque de género pasa por inmiscuirse en las otras áreas”, como el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados y avanzar hacia la corresponsabilidad: “No puede ser que tengamos miles de mujeres que sostienen estos trabajos y que son invisibles, que no están remunerados, y que más encima terminan en que tu vejez va a ser tremendamente precaria porque no perciben sueldo, no perciben pensiones dignas, no tienen acceso a seguridad social”.
“Necesitamos que eso sea reconocido y que el Estado se haga cargo de este reconocimiento a través de garantizar una seguridad social de alguna forma universal, no solamente las personas que trabajan dentro del sistema formal remunerado”, cierra.
La iniciativa, impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.
