Junto con aclarar que desde el Ejecutivo no les corresponde hacer interpretaciones políticas, la autoridad opinó acerca del fenómeno del líder republicano en la región sureña y reveló que un informe constató que "los funcionarios judiciales sentían temor al momento de cumplir sus funciones”.
Tras las eleciones generales del pasado domingo, en las que José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) pasaron a segunda vuelta, el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Juan Francisco Galli, se refirió a los resultados que obtuvo el líder del Partido Republicano en la región de La Araucanía.
La primera mayoría nacional logró triunfar en la zona de manera sustantiva, elegido por un 42,16% del universo electoral participante, seguido con distancia por Boric, con 16,58%.
En ese contexto, el subsecretario aclaró que desde el Gobierno no les corresponde hacer interpretaciones políticas sobre una u otra opción presidencial, no obstante, manifestó que “claramente, la votación en la región de La Araucanía ratifica la decisión del gobierno de tomar las medidas y poner todas las capacidades del Estado a disposición para poder enfrentar la violencia en esa zona”.
Sobre la misma, recalcó que muchos de los votantes en la región que concurrieron a votar “expresan que requieren de un Estado que tome todas las medidas que sean del caso para evitar la violencia“.
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En cuanto a la extensión del Estado de Excepción Constitucional en la macrozona sur, desde el Gobierno se mantienen a la espera de la nueva petición de prórroga presentada en el Congreso Nacional. En esa línea, Galli manifestó que la solicitud se sustenta bajo “un cúmulo de antecedentes”, como “hechos de violencia que afectaron desde ciudadanos hasta también expresiones explícitas del Poder Judicial, a través de fallos y recursos de protección”.
Al cierre, la autoridad contó que “a través de un informe de un ministro de la Corte Suprema, dijo que los funcionarios judiciales sentían temor al momento de cumplir sus funciones”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
