El profesor de Derecho Constitucional, que busca representar al D7 como independiente con cupo Convergencia Social, es quien suma la mayor cantidad de aportantes naturales en todo el país. En conversación con CNN Chile, aseveró que aspira a un país con sistema de gobierno parlamentario y unicameral.
Jaime Bassa es abogado de la Pontificia Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universitat de Barcelona. Actualmente ejerce como profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Universidad de Valparaíso, una labor que parece ir de la mano con el desafío que asumió de cara a la redacción de la nueva Constitución.
El candidato constituyente independiente -en la lista del Frente Amplio- postula a un cupo por el distrito 7, que reúne a las comunas de Viña del Mar, Algarrobo, Valparaíso, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández y Santo Domingo.
Sus primeros pasos en la escena política los dio como coordinador de la campaña Marca tu voto en la Región del Valparaíso, para posteriormente ser parte de la directiva nacional de Marca AC. Y desde entonces enfocó su motivación en la realización de cabildos y asambleas, tanto para informar a la ciudadanía como para recoger la voz popular que ahora espera reflejar en la Convención Constitucional, y que consolidó mediante un decálogo con 10 ejes principales.
Pero Bassa también cuenta con una particularidad. Ya que, según la información entregada por el Servel, es el candidato con el mayor número de aportantes que han donado públicamente a su campaña, con un total de 91 personas.
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El profesor constitucionalista, en conversación con CNN Chile, destacó que lo anterior “es un reflejo de la forma en la que hemos estado llevando adelante esta candidatura participativa que se construye con la ciudadanía, incorporando a las personas comunes y corrientes como uno, que trabajamos todos los días, y que sufrimos de alguna manera la precariedad del sistema”.
“Ha sido súper bonito ver el apoyo que hemos recibido de parte de tantos aportantes, porque son donaciones más bien de montos menores. No hay donaciones millonarias. Hay donaciones de mil pesos, cinco mil pesos, 10 mil pesos, que de alguna manera demuestran el apoyo y compromiso que la ciudadanía tiene con un proyecto como este, que es un proyecto de cambio pero honesto. No somos la candidatura con más millones, pero sí somos la candidatura con más apoyos“.
Sistema parlamentario de gobierno y unicameral
El primer punto del decálogo de Bassa apunta al sistema de gobierno que propone consignar en la nueva Carta Magna, apuntando a uno parlamentario y unicameral.
“Creemos que el ciclo político que se abre con la Constitución del 2022 va a ser un ciclo político con una democracia que debiese ser más representativa, pero sobre todo, más participativa“, por lo tanto, “un régimen parlamentario es más funcional a la dimensión representativa de la democracia, que un régimen presidencial como el que tenemos hoy día”, explicó.
Pero lo anterior va también de la mano con una dimensión participativa, según indicó, la que “puede ser fortalecida incorporando una serie de mecanismos que permitan involucrar activamente a la ciudadanía y que contribuyan a desconcentrar el ejercicio del poder“, ya sea mediante referéndum revocatorios, plebiscitos, consultas ciudadanas, entre otras.
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Democracia paritaria
Otros de los planteamientos de Bassa contempla una democracia paritaria, que se puede construir con un punto clave: el reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y reproductivos y del trabajo doméstico y de cuidado, junto con el fortalecimiento de los derechos laborales y de seguridad social.
De acuerdo con el candidato, este eje “tiene por finalidad, principalmente, discutir, revisar y eventualmente disolver esa barrera que separa la vida productiva de la vida reproductiva, y que es la barrera que permite asignarle a los hombres mayoritariamente el trabajo productivo y que relega a las mujeres al trabajo doméstico y reproductivo”.
“Dentro de los factores que permitirán avanzar en esto, sería el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el aborto”, añadió. Sobre esta última materia, enfatizó en que “el aborto hoy día es una realidad, la clave está en entender que la dicotomía no es aborto sí o no, sino que la dicotomía es aborto legal o clandestino“.
Actividad económica del Estado
“Hoy día el Estado subsidiario le asigna al Estado un rol secundario, no tan garante de derechos sino más bien de superintendente, que fiscaliza la prestación de servicios a través de empresas privadas. Y eso ha generado una segregación en la sociedad y ha mercantilizado no solamente los derechos, sino también parte importante de la vida que se construye en torno al ejercicio de esos derechos”.
De esa manera, Bassa explicó la importancia de que el Estado recupere su potencial dentro de la actividad económica del país, ya que “para pensar un sistema de protección de derechos fundamentales más efectivos, es clave que no solo el Estado recupere el rol de prestador y garante, sino también seamos capaces de identificar los mecanismos con los que se va a financiar esos derechos“.
Por lo tanto, propone que este rol económico sea protagonizado por el Estado “a través de empresas públicas que empujen el desarrollo tecnológico y científico, y que permita generar riquezas”. Y no solo eso, porque también “otro factor importante es la redistribución de riqueza que el país ya genera“.
Para este último propósito, según indicó, “es clave un sistema tributario en clave redistributiva que permita reasignar recursos desde aquellos sectores sociales donde los recursos sobran a aquellos sectores donde estos escasean”. Un ejemplo sería el sistema impositivo, “donde el impuesto a los ‘súper ricos’, como se les ha llamado, debiera ser un factor importante no solamente en el financiamiento de emergencia que estamos viendo hoy día, sino también como un factor de redistribución de la riqueza. Es importante destacar que la riqueza de este país la generamos entre todos y no es justo que se concentre en unas cuantas familias“.
Sumado a lo anterior, se encuentra un tema que ha resonado en las últimas semanas y que no logró avanzar en el Congreso: el royalty minero.
“La gran minería del cobre mediante las empresas privadas, explota recursos naturales prácticamente sin pagar impuestos. Y ahí hay una fuente de riqueza que es nacional y que debiera estar puesta disposición de los habitantes del país, y que se ha privatizado“. Recursos que podrían enfocarse en garantizar los derechos fundamentales de la sociedad.
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Defensoría Popular
El candidato del D7 también abordó un punto que se relaciona con el fortalecimiento de la organización social mediante el reconocimiento de estas instancias y con un acceso a financiamiento público basal no concursable. Pero todo lo anterior respaldado también con una Defensoría Popular, establecida como un órgano constitucional.
Planteó que este órgano debiese tener “el rango que hoy día tiene por ejemplo el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional o el Banco Central, y que permita garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente aquel ejercicio que genere efectos en la sociedad”.
En detalle, apuntó a que “esa dimensión social o colectiva” de los derechos fundamentales, “hoy día no tiene ningún tipo de reconocimiento”. A raíz de esto, “creemos que es importante no solo reconocer esta dimensión sino que también protegerla. Y una forma de hacerlo es entregarle a esta defensoría las competencias para presentar acciones judiciales colectivas, que representen intereses colectivos, de modo tal que las condiciones de vulneraciones de estos derechos puedan ser superadas“.
Además, esta defensoría debiese tener “la posibilidad de presentar proyectos de ley”, ya que “me parece importante que la iniciativa legislativa no esté radicada solamente en las zonas de representación popular, como el Congreso o el presidente, sino que pueda ser compartida por un órgano distinto que tenga por función proteger precisamente la dimensión colectiva” que “permitirá mejorar el cumplimiento, la garantía y protección de los derechos fundamentales”.
Finalmente, según Bassa, todo va de la mano con “la necesidad de tener un estatuto constitucional compartido” y que rija también para las autonomías constitucionales como el Banco Central, TC o Ministerio Público -anteriormente nombrados-, que son “órganos que no forman parte de los tres poderes del Estado, pero que tienen rango constitucional”.
“Creemos que esos órganos debieran tener un mismo estatuto, de modo tal que el régimen de designación de sus integrantes, de su responsabilidad y las causales de cesión en el cargo, respondan a una cierta concepción más transversal de las funciones de fiscalización y control que esos órganos cumplen, y no una regulación caso a caso que termina de alguna manera desequilibrando las relaciones de poder en los órganos del Estado”. Y dentro de aquellas autonomías constitucionales, regulada también por este estatuto, entraría la Defensoría Popular que propone.
