La candidata al Senado es cuestionada por rendir un gasto electoral donde siete militantes de Comunes recibieron en total $137 millones por trabajar en su campaña cuando postuló a la gobernación regional Metropolitana. “Tras seis años de aplicación, la ley debe ser perfeccionada", dijo el presidente del consejo directivo del Servel.
(Agencia Uno) – El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, no descartó llevar los antecedentes ante Fiscalía por la polémica rendición de gastos electorales de Karina Oliva cuando fue candidata al Gobierno Regional Metropolitano.
“Vamos a revisar de nuevo esos informes respecto a las declaraciones, pero las dos cosas corresponden a una irregularidad. Los gastos anteriores a la campaña no son parte del gasto legítimo que se debe incluir en una rendición”, dijo Tagle este jueves. “Y hay que ver, una persona puede subcontratar a otra, pero tiene que tener la facultad para hacerlo y el instrumento legal de facturar esos servicios. Si se dice que son honorarios solo del trabajo de una persona, no se puede incluir a otra”, agregó.
De este modo, el representante del servicio sostuvo que, como entidad, “vamos a hacer las revisiones, vamos a ver los antecedentes adicionales que han salido ahora y en base a eso, haremos las denuncias que corresponden al Ministerio Público“.
Además, Tagle planteó que “se tiene que tener en cuenta que servicios intangibles como los honorarios profesionales es difícil de establecer la veracidad de lo efectuado y la justa remuneración, cuánto es un honorario correcto para un profesional no es fácil de determinar”.
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Según reveló el Centro de Investigación Periodística (Ciper), siete militantes de Comunes recibieron en total $137 millones por trabajar en la campaña de Oliva cuando fue candidata a la gobernación metropolitana en el primer semestre de 2021.
“De la información que nosotros recibimos, en nueve de las 11 partidas de gasto, se pidió antecedentes adicionales, que consistían en el detalle de qué trabajos eran, y tenemos esa información“, agregó Tagle.
No obstante, aclaró que “la ley no nos otorga facultades de fijar tarifas máximas“, por lo que remarcó que “tras seis años de aplicación, la ley debe ser perfeccionada“, especialmente “en el tema de tener los antecedentes antes de la elección”.
“Acá las rendiciones se hacen 30 días después y, ahí, obviamente se saben los votos y eso da para especular sobre gastos que pueden no existir. Para nosotros es muy importante una reforma, que se informe la gente contratada desde que se contrató“, enfatizó.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
