El ex intendente del Ñuble y candidato a la CC por el distrito 19 apuesta por una reducción de los y las parlamentarias que componen el Congreso, una disminución en sus sueldos y la eliminación de las asignaciones. Además, apunta a la libertad del empleo y contratación, entre otras propuestas.
Fue designado como el primer intendente de la Región de Ñuble, ejerciendo dicho cargo desde 2018 hasta fines de 2020, instancia en que decidió iniciar un nuevo desafío de cara a la redacción de una nueva Constitución. Martín Arrau (UDI) es actual candidato a la Convención Constitucional por el distrito 19, en la lista Vamos por Chile.
A sus 41 años, Arrau ostenta -entre otros roles- su trayectoria como dirigente del Gremio Agrícola y presidente de una fundación educacional, además de delegado presidencial para la Instalación de la Región de Ñuble. A ello también se ha sumado su plan de trabajo de educación cívica en las 21 comunas de la región a la que postula, con el fin de “generar mayor participación ciudadana en los procesos democráticos y empoderar a la comunidad regional con información respecto de sus autoridades, sus rangos de acción y sus competencias”.
Dentro de sus planteamientos como candidato, apunta a la libertad del empleo y contratación, la instauración de una defensoría de las víctimas en el sistema judicial, la disminución de los integrantes de la Corte Suprema, el respeto al derecho al Orden Público y la Seguridad, entre otros temas.
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Pero también, en conversación con CNN Chile, propone un aumento de penas a los delitos de corrupción y una normativa “profunda y dura” para limitar la contratación de parientes en cargos públicos electos o designados. “Es algo que uno escucha en la calle, y a uno le sorprende que efectivamente esté ‘el pariente de’, ‘el sobrino de’ o ‘el cuñado de’ en diferentes servicios. Es algo que molesta mucho, y a lo que le llamamos pituto“, dice.
Por eso, postula “normas que sean duras respecto a eso, a la eliminación de contratación de parientes donde haya alguna relación, interdependencia, o coordinación de servicios públicos de estas autoridades electas o por designación directa, con sus parientes”. Es decir, “hacer una norma mucho más profunda y dura, y las personas que se presenten a un cargo de elección popular, o las personas que acepten un cargo de designación directa, sepan que no puedan asumir si tienen parientes” dentro de dichas labores asociadas.
Como una señal para la estimulación de la inversión y, por consiguiente, la generación de empleos en las regiones, Arrau propone “rebajas tributarias en las regiones pobres, como el Ñuble, La Araucanía o el Maule, por ejemplo”.
En detalle, que dichos territorios “tengan algún beneficio tributario, pero que sea algo institucionalizado y que no dependa de un gobierno u otro, sino que exista esa herramienta clara. Y que los indicadores que tenemos de desarrollo de las regiones sí incidan en la carga tributaria”.
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A esto se le tendría que sumar además un “cambio de distribución” del dinero destinado desde el Estado para muchas de las medidas adoptadas por los organismos regionales. Asegura que “me ha tocado ver, y es algo que es público, que muchas veces hay una superposición de organismos públicos dedicados a cosas muy similares, y se designan presupuestos en diferentes instituciones para un mismo fin. Eso genera una burocracia que está superpuesta, que tiene un costo fiscal que podríamos utilizar en otras cosas, y que además no permite al contribuyente o al votante saber quién es el responsable de cada cosa“.
Específicamente, Arrau lo ejemplifica con la construcción de plazas. “Esa plaza, en cualquier ciudad, puede ser financiada con presupuesto municipal, también puede ser financiada con presupuesto del fondo de Desarrollo Regional que administrarán los gobernadores regionales ahora, también puede ser financiada con fondos del Ministerio de Vivienda o también puede ser financiada con platas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional”.
“Entonces, para hacer una plaza, usted puede acudir a cuatro fuentes de financiamiento diferente. Por tanto, nuestra propuesta es que por norma pueda haber solo un responsable, una persona que reciba recursos para un determinado fin” y, así, al momento de evaluar gestiones de la municipalidad, se tenga claridad respecto de los trabajos que les compete y si es que estos se concretaron o no en el periodo ejercido por el alcalde de turno.
Por otro lado, el candidato a la CC también propone una reducción de los y las parlamentarias que componen el Congreso, una disminución en sus sueldos y la eliminación de las asignaciones.
Asegura que se mantiene estudiando si es que apuntaría a un Congreso unicameral o bicameral, ya que “hay que hacer bien las matemáticas”, pero de todos modos apunta a un “Congreso bastante más pequeño”. Y respecto de sus sueldos, Arrau lo compara con el que recibirán los constituyentes y que “es bastante razonable e importante si uno lo compara con la renta promedio del país, y los constituyentes van a redactar una Constitución”.
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“Los parlamentarios hacen leyes, y podrían tener una regulación similar a los constituyentes, ahí puede haber una buena vara”, propone.
Finalmente, y sobre las asignaciones, indica que “cuando se trata de estudios o análisis, deben ser costeados por las comisiones o el Congreso”, enfatizando en que “pido que los parlamentarios trabajen de lunes a viernes, haciendo leyes en el Congreso, que es lo que hace falta. Y que todo su despliegue territorial, si un parlamentario quiere hacerlo, que lo costee de su bolsillo”, concluye.
Otro de los puntos dentro de su programa de trabajo propuesto como candidato a la CC, apunta a la imprescriptibilidad para delitos de terrorismo e inhabilidad de por vida de algunos derechos ciudadanos.
Explica que dichos derechos apuntan al ejercicio de un cargo público, aunque “no solamente para los delitos terroristas, sino también delitos que tengan relación con la Seguridad Interior del Estado”.
Esto debido a que, según considera, “son delitos muy graves que atentan contra el orden institucional, contra el funcionamiento del propio Estado que la nación otorga”. Por tanto, “no pueden ejercer cargo público. Sino podríamos tener terroristas sentados en el Congreso y eso es muy grave y que hay que condenar”.
Por otro lado, Arrau también apunta a la eliminación de la burocracia al momento de emprender. Un tema que, según asegura, permitiría la creación de mayores empleos, ya que “cuando uno emprende, más que pensar en los productos o en cómo satisfacer mejor las necesidades de sus potenciales clientes, se está pensando en la cantidad de trámites que hay que hacer”.
A raíz de esto, indica que “lo primero es simplificar eso (…). Hay que adaptar la normativa limitando al Estado en la cantidad de trabas y la cantidad de interlocutores que debe atender alguien que quiere emprender”, ya que “esto termina ahogando o desincentivando ese emprendimiento”.
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Al ser consultado por el tipo de ayudas que podrían recibir emprendedores no solo al momento de iniciar su actividad, sino que para mantenerla, el candidato apunta a que “antes de hablar de las ayudas del Estado, hay que tener claro que esas ayudas salen de los fondos públicos que todos pagamos desde los impuestos. Entonces la primera ayuda es reducir los impuestos. Esos emprendedores si pagaran tasas de tributarias menores, si los consumidores pagaran tasas tributarias menores al consumo como el IVA, sin duda habría más emprendimientos y más empleo”, añade.
Y, finalmente, respecto de uno de los temas que ha estado en la palestra ante la agudización de la crisis sanitaria en el país y, por consiguiente, la crisis económica, Martín Arrau manifiesta su opinión acerca de la opción de un tercer retiro del 10%.
Sobre esto, destaca que “cada una de las personas y cotizantes en las AFP o el sistema que sea, son dueños de sus ahorros. Sin duda el Estado puede fomentar el ahorro, pero el ahorro es de los cotizantes, y yo creo en la libertad de las personas“, sentencia.
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