El defensor, Ramón Sepúlveda, también explicó que la prisión preventiva no debe ser vista como un "mensaje a la ciudadanía ni un reproche penal por un delito que es grave", sino como una medida para "asegurar los fines del procedimiento".
Ramón Sepúlveda, abogado defensor del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a la formalización del jefe comunal, en la que el tribunal decretó prisión preventiva en el marco de la indagatoria por el caso Farmacias Populares.
En conversación con Hoy Es Noticia, el jurista calificó la medida cautelar tomada por el 3° Juzgado de Garantía de Santiago como “desproporcionada” y manifestó su sorpresa con la decisión del tribunal, la que -denunció-, “no toma en cuenta alegaciones de la defensa de como se desvirtúan los delitos“.
El jurista explicó que la medida cautelar no es un “mensaje a la ciudadanía ni un reproche penal por un delito que es grave. Es una medida que tiene que asegurar los fines del procedimiento”.
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Por lo cual, indicó que la decisión tomada en este caso,”es desproporcionada porque la estafa y el cohecho tienen una denuncia de prácticamente tres años y eso es muy relevante”.
Asimismo, Sepúlveda sostuvo que el trabajo del tribunal durante las audiencias de formalización tuvo tintes “políticos no partidistas”.
“La prisión preventiva es una cuestión escarmiento público a una autoridad y eso es desconocer los principios del sistema”, puntualizó.
En el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, continúa la audiencia de formalización de la investigación contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por el Ministerio Público. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO
Cabe recordar que Jadue estaba siendo imputado por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, ocultación de bienes y estafa y durante este lunes, la jueza Paulina Moya acogió la petición de prisión preventiva solicitada por Fiscalía tras considerar al alcalde un “peligro para la sociedad“.
La magistrada afirmó que las medidas de menor intensidad son “insuficientes” considerando la cantidad de delitos y las penas que estas tienen.
Durante el tiempo que dure la investigación, el jefe comunal deberá permanecer en prisión en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, dependiente de Gendarmería, el cual confina a reos de alta connotación pública cuyos delitos no sean considerados violentos.
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