El ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Michelle Bachelet explicó sus críticas a las indicaciones del Ejecutivo y por qué considera tan importante que los derechos no sean indefinidos.
Continúa la controversia por los dichos del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, respecto a la reforma del Código de Aguas. El secretario de Estado negó que las indicaciones al proyecto apunten a entregar los derechos a perpetuidad y aclaró que se entregarán derechos “indefinidos”.
En resumidas cuentas, la indicación no innovará en lo que actualmente dice el Código de Aguas sobre los derechos ya otorgados. Sí cambiará, en tanto, la forma en que se adquieren los nuevos, que también serán de forma indefinida, pero sometidos a licitación. Esto viene a modificar la idea del gobierno de Michelle Bachelet, que pretendía que éstos tuvieran un plazo de 30 años renovables.
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El ex ministro de Obras Públicas de dicha administración y encargado del proyecto original, Alberto Undurraga, estuvo en Última Mirada, donde criticó la indicación del Ejecutivo y dijo que le parece “grave”.
¿Qué es el Código de Aguas?
La separación entre el agua y la tierra data de año 1981, en plena dictadura de Augusto Pinochet. Con esto los derechos del agua comenzaron a ser transables, bajo el fundamento de que si se generaba un mercado de agua, las aguas se iban a ir a los cultivos más rentables y el recurso se haría más eficiente.
“Algo de eso sucede, pero cuando cambia del valle a la cordillera, empieza a haber un problema“, explicó Undurraga.
La reforma al Código
Fue en 2011 cuando un grupo de parlamentarios de variadas tendencias políticas plantearon una modificación general al Código de Aguas basándose en el cambio de realidad desde el año ’81, el cambio climático y la mayor demanda del servicio.
En 2014, en tanto, el gobierno de Michelle Bachelet ingresó un proyecto de ley recogiendo las iniciativas de los parlamentarios, el que contaba con tres principios: que el agua es un derecho humano, que los derechos ya otorgados se mantengan indefinidos, a excepción de los especuladores, y que los derechos nuevos no sean indefinidos, sino que a 30 años.
Dicho proyecto está en la Comisión de Agricultura del Senado desde 2017.
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Críticas a la indicación del Ejecutivo
Los especuladores son aquellas personas a quienes se le otorgan derechos de agua pero no hacen uso de ellos, esperando a que haya escasez y suba el precio. Aunque a partir de 2005 se estableció una multa a la especulación, según expertos y algunas autoridades, eso no ha dado resultado. “Es necesario que esa agua vuelva al río para usos efectivos”, dijo Undurraga.
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“Lo que nos preocupa de lo que hace el gobierno es que ayer el ministro anunció que los derechos van a ser perpetuos, y más allá que hoy día cambia la palabra por indefinido, no resuelve la diferencia, porque respecto a los derechos ya otorgados y que se usan, acuerdo total. Esa gente tiene que seguir teniendo sus derechos. Pero para quienes no lo ocupan, nos parece que al no considerar la caducidad como forma de resolver el problema, a la larga lo que hacen es proteger a los especuladores, y eso nos parece grave“, explicó el ex ministro.
“Hoy día por el cambio climático hay menos agua en las cuencas de los ríos y hay mayor demanda de agua. Entonces, antes teníamos más agua y menos demanda, ahora hay menos agua y más demanda. Por eso es importante cambiar el Código de Aguas y establecer como primera prioridad el consumo humanos“, agregó.