La ministra subrogante de Bienes Nacionales aseguró que con la implementación de la ley Playas Abiertas "se está logrando que la comunidad entera se convierta en fiscalizadora", y que durante los últimos dos meses la cartera ha recibido 806 denuncias en torno a este tema.
La ministra (s) de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo (PRI), se refirió este miércoles al primer parte cursado por la cartera en Pichilemu a los dueños del fundo Mónaco, quienes hace 20 años mantenían cerrado el acceso a la playa del mismo nombre, luego de la promulgación de la ley Playas Abiertas (Ley 21.149).
Bravo señaló que lo anterior se trató de “un hito que marcó un antes y un después” y que la nueva normativa, impulsada por el ministro titular Felipe Ward (UDI), apareció para llenar el vacío legal que dejaba la ley que establece que las playas, ríos y lagos son de acceso público, debido a que no estaba normada la sanción para los propietarios que son colindantes a estos espacios.
“Lo que se hizo es que estamos rompiendo una cultura abusiva de algunos pocos que creen que las playas son privadas, y con esta ley se permite la obligatoriedad del acceso”, afirmó.
De este modo, además destacó que con la nueva normativa “se está logrando que la comunidad entera se convierta en fiscalizadora”, y que el trámite es sencillo y se realiza a través del sitio del ministerio. Además, indicó que durante los últimos dos meses la cartera ha recibido 806 denuncias relacionadas con este tema.
Finalmente, explicó que las multas a quienes infrinjan la norma van desde las 10 hasta las 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
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