En entrevista con CNN Prime, con Mónica Rincón, el jefe del Ministerio Público abordó la crisis de seguridad del país ante los últimos hechos de violencia, así como también la contingencia respecto al Caso Convenios y las críticas surgidas en contra la figura del jefe de asesores de Presidencia.
En entrevista exclusiva con CNN Prime, el fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que, a su juicio, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, sí es un funcionario público, por lo que tendría el deber de denunciar eventuales delitos. Esto en el marco de las indagatorias por el caso Convenios.
—¿Técnicamente el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, es un funcionario público?
—Me parece que conforme a las normas del Código Penal es un funcionario público y en consecuencia recaen sobre él las normas sobre la obligación de denuncia.
—¿Más allá de que esté a contrata? Dada la función que cumple, usted dice que es funcionario público…
—Lo que ocurre es que el Código Penal tiene una regla especial (…) respecto de quienes se entiende que son empleados públicos. En mi parecer, las personas que se encuentran contratadas en régimen bajo contrata en una institución pública se encuentran dentro del marco de esas obligaciones para los efectos del Código Penal.
Fiscal Valencia sostiene que hay un “aumento muy significativo” de los secuestros en Chile
Por otro lado, el jefe del Ministerio Público abordó los últimos casos de secuestros extorsivos en nuestro país. En ese sentido, detalló que de acuerdo a las cifras de la Fiscalía Nacional, “hay un aumento muy significativo de las denuncias por secuestro en general entre el año 2021 y 2022. Las causas más frecuentes no son aún los secuestros extorsivos, todavía se encuentran dentro de las más frecuentes aquellas que son del ámbito doméstico, pero sin perjuicio de ello hay un aumento y muy significativo“.
“En los fenómenos que resultan más preocupantes del último tiempo, son aquellos efectivamente en los que participan extranjeros. Tal como se ha podido apreciar en las detenciones que se practicaron en Rancagua hace algunos días, en muchos de estos casos se trata de personas que ocultan su identidad, que ingresaron de manera irregular, que no se han enrolado, que nos entregan nombres falsos. Entonces, efectivamente, lo que más nos preocupa es este aumento significativo de homicidios, los cuales tienen carácter extorsivo y en el cual participan ciudadanos extranjeros no identificados o que nos ocultan sus nombres. Quiero insistir en que es un aumento sobre el cual es difícil pronunciarse sobre si va a seguir creciendo durante los próximos meses o años, pero sí es una situación preocupante, queremos actuar rápido, de manera enérgica, para poder detener esta situación”, detalló.
En esa línea, sinceró que se deben mejorar las capacidades tecnológicas. “Si nos comparamos con nuestros países vecinos, probablemente nuestras expectativas sean mayores a los países del resto de la región, pero eso probablemente nos pone en la punta de nuestra capacidad de tecnología en Latinoamérica. Pero por supuesto que aspiramos a más porque estamos seguros de que con mejores medios vamos a poder combatir y perseguir de mejor manera estos delitos”, expresó.
Finalmente, y consultado sobre el manejo de la ministra del Interior, Carolina Tohá, al revelar que existió un pago para liberar al empresario secuestrado en Rancagua, Valencia comentó que “creo que no me corresponde opinar respecto de las actuaciones de la señora ministra, pero solo quiero insistir en lo que planteamos ese día en Rancagua, en orden a que las circunstancias de cómo se llevan adelante estos procedimientos durante el tiempo en que las personas se encuentran cautivas tiene que manejarse la información con la mayor prudencia y con la mayor reserva“.
“Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero insisto en que es una situación con la que estamos empezando a lidiar con una actividad criminal con la que no estábamos habituados a relacionarnos y vamos a ir progresando cada vez más en la forma como la enfrentamos”, opinó.