"Estas no son las farmacias populares. Aquí hay no hay un poder de compra del Estado que lo va a comprar más barato", afirmó Eduardo Saavedra, investigador de la Universidad Alberto Hurtado, respecto a las recomendaciones que la Fiscalía Nacional Económica -órgano al que asesora- reafirmó en torno al negocio del gas licuado.
En medio de las históricas alzas que ha atravesado el precio del gas licuado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) reafirmó hoy las conclusiones de su sexto Estudio de Mercado, en el que recomiendan mayores regulaciones en torno a la distribución y venta del producto en cuestión.
El asesor de la FNE e investigador de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Saavedra, detalló con CNN Chile el alcance de estas recomendaciones, que entre otras cosas también contemplan la eventual prohibición de venta minorista a Lipigas, Gasco y Abastible, empresas que han sido cuestionadas por eventuales malas prácticas de mercado.
“El gas licuado que se vende en balones tiene el problema de que hay tres competidores a nivel mayorista y hay una cadena de 5 mil distribuidores a nivel minorista. Sin embargo, cada uno de aquellos distribuidores solo puede vender aquella marca de estos mayoristas con los que tienen un contrato”, afirmó.
Saavedra explicó que dichos contratos, que configuran la distribución del gas a nivel nacional, constan de indicaciones poco competitivas, como contratos de exclusividad con estímulos que se traducen en “premios” y “castigos” para los distribuidores minoritarios, afirmando que con esto, Lipigas, Gasco y Abastible pueden “sustentar los precios que ellos quieran“.
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“En la medida en que no existan restricciones para que los minoristas vendan todas las marcas; que eventualmente no existan restricciones para que ingresen nuevos mayoristas al mercado, donde hay espacio para ingresar (…) Nos encontramos con una situación de que podría existir caída en esos precios”, explicó.
El experto afirmó que “no hay dudas” de que la falta de competencia y vías de acceso para nuevos mayoristas en el mercado de distribución de gas licuado, se debería principalmente al “amarre” que hacen las principales 3 empresas, a través de sus contratos y estímulos.
Asimismo, el investigador de la U. Alberto Hurtado, planteó que la forma de regular esta situación, pasa por definir “qué se puede y qué no se puede hacer en los contratos: “primero, permitir que los minoristas vendan de todas las marcas posibles“.
Saavedra aclaró que su rol de asesor de la FNE es específicamente en el estudio que planteó las recomendaciones sobre el mercado del gas, sugiriendo a título personal que “¿qué pasaría si la ENAP envasara en todas las regiones del país? Bueno, podría ser también un distribuidor mayorista y podría ser el cuarto competidor”.
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En esa línea, el experto entregó su impresión respecto a las iniciativas municipales de distribución, planteando que no le parecen una solución efectiva: “estas no son las farmacias populares. Aquí hay no hay un poder de compra del Estado que lo va a comprar más barato (…) si se trata de una solución pública, me parece que pasa por la ENAP“.