En medio de una serie de casos en que nuevos alcaldes de municipalidades inician investigaciones por supuesta corrupción de las administraciones anteriores, el ex persecutor, quien es querellante del caso de Viña del Mar, conversó con CNN Chile sobre las características de la corrupción municipal y los mayores problemas del sistema a la hora de enfrentarla.
Comunas como Viña del Mar, San Ramón, Vitacura, Ñuñoa, Maipú y Lo Barnechea tienen en común el ascenso de nuevos alcaldes que han iniciado investigaciones por eventuales fraudes de las administraciones anteriores. CNN Chile conversó con el ex fiscal Carlos Gajardo, quien actualmente es querellante en el caso de Viña del Mar, sobre el escenario en que se producen los casos de corrupción municipales.
Sobre los factores que caracterizan a estos casos, en que se investigan desapariciones millonarias de dinero, el abogado indicó que “desde hace bastante tiempo los municipios administran recursos muy importantes, sea directamente a través de las municipalidades o indirectamente, a través de las corporaciones de derecho privado”.
Junto a eso, sostuvo “existe una falta de fiscalización que lleva a que pueda darse un espacio de corrupción importante”, y, además, recordó “hay municipios que llevaban muchos periodos administrados por un mismo alcalde y eso termina generando, desgraciadamente, una especie de feudo, donde una parte del consejo municipal es proclive políticamente al alcalde y, en consecuencia, hay pocas herramientas de fiscalización por parte de ese consejo”.
Consultado por los casos en donde sigue la misma administración, y la posibilidad de que sean fiscalizados, Gajardo sostuvo que “la alternancia del poder es consecuencia directa de la modificación legal que se hizo después del estallido social del 18 de octubre, que impidió que se produjera más de una tercera reelección con la nueva normativa electoral”, en ese escenario, manifestó, “por cierto Contraloría debiera tener una preocupación especial por estos municipios”.
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Sin embargo, el abogado enfatizó que “también, en general, las facultades de la Contraloría, las horas-hombre que puede dedicar a estas investigaciones y fiscalizaciones, no son las suficientes”. Asimismo, Gajardo hizo hincapié en que “necesitaríamos más personal pero también mejores herramientas para hacer las investigaciones; Contraloría ha reclamado permanentemente que no puede revisar las cuentas corrientes de los organismos públicos, necesita ciertas reformas legislativas que le den más herramientas”.
Consultado por la prevalencia de triangulaciones a través de las corporaciones municipales de derecho privado, el ex fiscal sostuvo que “existen distintas modalidades, una forma tiene que ver con que los dineros que son administrados por corporaciones municipales, se realizan de esa manera para que haya menor burocracia en el trámite de esas platas, pero eso implica menor posibilidad de control”.
Gajardo ejemplificó que “las herramientas de transparencia, que son obligatorias para las instituciones públicas, no rige exactamente igual para las corporaciones de derecho privado”. A esto, contó, se suman “las posibles irregularidades que se cometen en las licitaciones; el caso de las luminarias que se ha investigado en distintos municipios del país y el caso de San Ramón es también de cohecho a partir de licitaciones que se entregan a determinadas personas”.
El ex fiscal afirmó que “en el caso de la municipalidad de Vitacura, habrá que investigar cuál es el origen de los cinco millones de pesos que se entregaban en efectivo”. Sobre ese punto, en que una funcionaria implicada fue quien denunció el hecho, indicó que “diría que el combate a la corrupción exige promover y facilitar este tipo de informaciones, la Ley debiera tener mecanismos más expeditos para que se pueda producir, por ejemplo, a través de canales de denuncia que pudieran asegurar mayor anonimato”.
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En ese sentido, manifestó que “el sistema debiera favorecer este tipo de informaciones y autodenuncias, a mi juicio, brindando incluso exención de responsabilidad penal para quien hace esta autodenuncia; en nuestro sistema jurídico eso no está suficientemente establecido, la Fiscalía podría perseguir la responsabilidad de esta persona y eso, me parece, tiene poca lógica (…) Creo que es importante como señal que el tratamiento sea muy benigno por parte de Fiscalía”.
La iniciativa, impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.
