Gajardo y trabajo previo en caso Dominga: “Pareciera que esa investigación tampoco fue profunda ni exhaustiva”

Este jueves el Ministerio Público anunció que evalúa la posibilidad de abrir una causa penal contra el presidente Sebastián Piñera, a propósito de su presunto vínculo en la compraventa de la minera Dominga, en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers.

Según detalló la La Tercera, esta eventual acción judicial se basaría en que el ex fiscal Manuel Guerra, no tuvo en su poder el contrato original de la transferencia mientras investigaba en 2017 los negocios relacionados a la compra de acciones a la empresa peruana Exalmar, donde también se indagaba la compra de Dominga.

En dicho documento estaría establecido la controversial tercera cláusula que establecía la condición de no generar cambios ni regulaciones ambientales que dificultaran la instalación del proyecto minero en la región centro norte de Chile, para pagar la última cuota correspondiente a la minera.

Para profundizar en torno a esta situación el ex fiscal, Carlos Gajardo, conversó con CNN Chile para analizar la sucesión de eventos que más de 5 años después, repercuten en las nociones de la opinión pública -y el sistema judicial- respecto a los niveles de probidad y transparencia del presidente de la República. 

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El abogado afirmó que le parece correcto que el Ministerio Público evalúe esta posible causa judicial, asegurando que ésta dependería en primera instancia de lo que se logre recabar de los antecedentes del caso, para determinar si estos pueden ser o no constitutivos de delito.

“A esa primera pregunta me parece que la respuesta es afirmativa. Es decir, el hecho de que se conozca un contrato en que la familia del presidente Piñera, un funcionario público, pacta con otra familia, la familia del señor Délano, un contrato en que por una decisión de una autoridad que tiene que ver con el Ejecutivo, puede finalmente recibir una tercera cuota de dinero que alcanza los 9,9 millones de dólares (…) esto es un beneficio económico para sí, para la propia autoridad, o en este caso para un tercero”, detalló Gajardo.

En segunda instancia, el ex fiscal aseveró que otro punto que debe determinar la Fiscalía para decidir abrir la causa, se relaciona con la prescripción del eventual delito. Por último, sería necesario determinar si es que algún tribunal chileno falló previamente sobre este hecho en específico, señalando que no hubo delito.

“Lo importante no es el contenido que haya tenido la carpeta investigativa, sino que lo importante es la decisión que tomó el día 3 de agosto del año 2017 en una audiencia pública, el juez Guillermo Rodríguez, que fue quien conoció de esta audiencia y si en esa resolución comprendió o no el hecho específico que tiene que ver con esta tercera cuota del contrato señalado“, explicó el experto, en torno a los antecedentes previos del caso.

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En esa línea, Gajardo señaló que lo relevante de la carpeta investigativa es que podría dar luces del nivel de complejidad en la indagatoria que cursó el ex fiscal Guerra en torno a estos hechos: “los antecedentes parecieran indicar que esa investigación tampoco fue profunda ni exhaustiva“.

“No están los antecedentes totales del contrato que se celebró y lo más relevante es que en su momento fue agregado por la parte querellante, que nunca se pidieron los correos electrónicos del propio presidente Piñera. Es lo que diría yo, puede dar luces, no definitivas por cierto, del conocimiento que hubiera tenido él de este contrato. La agregación que ha hecho su defensa fue decir ‘él nunca conoció de esta negociación y este contrato’ y para eso es fundamental conocer los correos”, sentenció el ex fiscal.

Al respecto Gajardo recordó que inicialmente él fue el fiscal a cargo del caso, aunque solo por cerca de 72 horas, tras lo cual la causa fue solicitada por el ex fiscal Guerra, excluyendo de las indagatorias a otros colegas. En ese sentido, cuestionó que haya exigido realizar la indagatoria por sí mismo y además el no haber solicitado los correos electrónicos del mandatario para recabar mayores antecedentes.

“Tiendo a pensar, para exculpar de cierta manera la actuación del fiscal Guerra, que creo que no le dio la relevancia a ese contrato o a ese preacuerdo que él vio, que hoy día la ciudadanía le está dando. Esta noticia fue conocida por la ciudadanía el año 2017 a través de información de prensa y en ese momento tampoco se le dio, diría yo, la relevancia que está teniendo hoy día. Tiendo a pensar que fue más bien una inadvertencia del fiscal, que puede también tener que ver con el hecho de que él haya investigado individualmente en esta causa”, reflexionó Gajardo, agregando que Guerra “no era un fiscal experto en alta complejidad”.

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El ex persecutor insistió en que “esta fue una investigación deficiente y que no abordó en profundidad este tema que es evidentemente relevante y grave”, recalcando que uno de los principales problemas fue no abordar la indagatoria de forma colectiva, comparando esa situación con la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a cargo de 600 profesionales a lo largo de todo el mundo.

Respecto a las capacidades del actual Ministerio Público para abordar una nueva investigación de esta índole, Gajardo sugirió “temperar” las expectativas al tratarse de un caso demasiado complejo, en el que la ausencia de respuestas concretas no significaría que no se realizaron “todos los esfuerzos” por parte de los persecutores.

“Eso no quiere decir que lo que sí es exigible es que se hagan todos los esfuerzos. Que la investigación se agote, que todas aquellas diligencias investigativas razonablemente relevantes se realicen y eso efectivamente en un esquema que tenemos hoy día de investigación criminal, se ve dificultado básicamente, y esta es la crítica que hemos hecho, más allá de la crítica personal que yo he tenido con el fiscal Abbott, es al sistema de nombramiento de la institución, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial”, explicó.

Específicamente, el abogado apuntó a que la definición de cargos en ambas instituciones depende de la aprobación del Senado, por lo que un ministro que tenga “intenciones legítimas” de ascender en su carrera judicial, podría verse conflictuado si es que ha tenido investigaciones “que puedan contraponerse a los intereses de estas personas“.