La panelista de Tolerancia Cero enfatizó la importancia de que los empleos públicos sean independientes de cualquier poder político de turno. Además, profundizó en la discusión en el Senado respecto a la reforma del nombramiento de notarios.
El empleo público independiente del poder político de turno es esencial para el buen funcionamiento del Estado. Hace 20 años se creó el Sistema de Alta Dirección Pública que incorporó el mérito como un estándar esencial.
Hoy, es transversal la opinión de que el sistema debe fortalecerse y ampliarse. Hay casi 300 puestos de primer y segundo nivel que no están adscritos y siguen siendo nombramientos políticos.
Además, hay muchos cargos pendientes porque se alarga la subrogancia -que es política-, distorsionando el sentido de la ley y dándole al gobierno de turno mayor control sobre la administración.
Esta semana hemos visto resistencia en algunos senadores porque en la reforma el nombramiento de notarios, archiveros y conservadores quedaría en manos del sistema de alta dirección pública y por ende, dicen, “100% político”. Para evitar cualquier utilización que mine su credibilidad, hay que reinyectarle fuerza al sistema por la vía de un acuerdo político transversal que le devuelva su espíritu original anclado en los principios de transparencia y probidad.
Mención aparte merece el caso de la abogada Isabel Amor, ex directora ejecutiva de la Fundación Iguales. Fue seleccionada por alta dirección pública como directora regional del Servicio de la Mujer e igualdad de género en Los Ríos. Dejó el trabajo que tenía en el Instituto de Derechos Humanos en Chillán tras obtener el puesto y se trasladó con su familia a Valdivia.
Sin embargo, su jefatura la desvinculó por “pérdida de confianza” apenas dos días después de asumir. ¿La razón a pesar de que no se lo dijeron directamente? Su padre, ex militar, fue condenado como encubridor de crímenes de derechos humanos en dictadura. Isabel Amor, que asegura haber informado este antecedente, considera discriminatoria una decisión que empaña el mecanismo de selección de la alta dirección pública, donde las responsabilidades de terceros no existen como una restricción para la contratación de funcionarios.
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