En conversación con CNN Chile, el coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable UDP manifestó, además, que "no ha habido por parte del Estado más que un rol de coordinación".
La crisis climática avanza a pasos agigantados causando una serie de problemas a lo largo del mundo. A raíz de esto es que diversos países han tomado una serie de medidas enfocadas en la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), siendo uno de los principales el Dióxido de Carbono (CO2).
Estas emisiones son producidas principalmente por la quema de combustibles fósiles, entre las que se encuentra el carbón y frente a esta realidad es que Chile en 2019 lanzó un plan de descarbonización. “Es bastante ambicioso en el sentido de que pone una meta próxima, que es al 2040”, señaló Claudio Huepe a CNN Chile.
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El coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales (UDP), detalló que gran parte de esta reducción está programada para los próximos cinco años, agregando que “se espera que al 2024, aproximadamente, cerca de un 30% de la capacidad de generación a carbón haya sido eliminada del sistema eléctrico chileno”.
“Es bastante ambicioso, hay pocos países que tengan ese nivel de ambición actualmente“, enfatizó.
Sin embargo, el experto dijo que en Chile “el punto más crucial es cuán ambicioso estamos siendo con respecto a ciertos problemas importantes que son de larga data en Chile, como las áreas de sacrificio”.
“Las emisiones globales son una cosa y las locales otra, por supuesto que están mezcladas, pero son distintas desde el punto de vista del problema y nuestro problema a nivel local es mucho mayor que a nivel global“, reconoció.
A raíz de las llamadas zonas de sacrificio, tales como Ventanas, Tocopilla y Mejillones, es que Huepe considera que, si bien “la descarbonización como logro de objetivos globales está muy bien”, a nivel local hay una ambición “a la cual todavía no se le da la suficiente importancia y ahí quizás es donde hay que incrementar”.
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Asimismo, señaló que la dificultad actual radica en que estas medidas son “un acuerdo voluntario. No ha habido por parte del Estado más que un rol de coordinación, no hay una exigencia pública para esto“.
“El Estado no tiene la posibilidad de evadir una responsabilidad. Es muy difícil que los privados puedan coordinar una cosa tan compleja pensando que cada uno de ellos debe velar por sus propios intereses económicos“, concluyó.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
