Industria pidió al Tribunal Constitucional que frene la ley que elimina las bolsas plásticas.
“Una prohibición irracional”. Así definen los industriales del plástico la ley recién aprobada por el Congreso, para eliminar, en 6 meses en las grandes tiendas y 2 años en las Pymes, la entrega de bolsas a los consumidores.
Hoy la industria pidió al Tribunal Constitucional que frene la ley, alegando que viola su derecho a emprender una actividad económica lícita, según dicen “por simple impopularidad ante la opinión pública y capricho del legislador”.
Están en todo su derecho de recurrir al TC, por cierto, pero hay bastantes argumentos para decir que esta ley es más que un capricho irracional. El daño ambiental que provocan las bolsas plásticas es enorme: el 97% de ellas termina en vertederos o, peor aun, en el océano… donde para 2050, según datos de las Naciones Unidas, habrá más plástico que peces, y el 40% de ese plástico proviene precisamente de material usado para empaquetar y embalar. Un tema de primera importancia para un país con una costa tan extensa y tan rica como la chilena.
No es la primera vez que, para resguardar el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación, se limitan actividades económicas: por ejemplo, la restricción vehicular, o la prohibición de venta de leña en Santiago.
El paso de recurrir al Tribunal Constitucional es audaz, porque un fallo a favor de la industria pondría una interrogante sobre toda la regulación ambiental. La palabra, una vez más, la tienen ahora los ministros del TC.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
