"Como dijo el juez Muñoz, si la consideración económica estará primero no que la salud, sino que la sobrevivencia de una persona, que se elimine mejor de la Constitución el derecho a la vida", comentó la conductora de Marca Registrada.
Lo de hoy fue como una Champions League constitucional. Es pelea de equipos grandes en que un equipo, la Corte Suprema, trató de rayar la cancha al otro: el Tribunal Constitucional (TC). Pero la disputa no es nueva y tiene que ver con hasta dónde llegan las atribuciones de cada institución.
En simple, junto con rechazar un recurso de protección sobre tutela laboral (que pretendía revertir una decisión del TC), los supremos de la sala especialista en constitución le dijeron al país que si una decisión del Tribunal Constitucional viola garantías fundamentales, sí puede ser revisada por ellos.
Es una señal simbólica sin mayores efectos, por ahora. Pero estuvo pensada hasta en su puesta en escena (subirla rápidamente al portal judicial) y tiene que ver con que muchos de los miembros de la Suprema han criticado al Tribunal Constitucional porque creen que se excede en sus atribuciones.
Uno podría quedarse ahí, en ese choque de gigantes. Pero todo este ir y venir de recursos en diferentes tribunales sobre derechos relevantes de los ciudadanos da cuenta de un sistema político que no está siendo capaz de procesar sus demandas. Demandas que no son triviales y que no sólo involucran a estas dos importantes instituciones.
Lee también: Gobierno pone plazo hasta noviembre para presentar indicaciones a su proyecto sobre flexibilidad laboral
Antes fueron los temas ambientales, hoy son el derecho a la vida, pensiones u otros. Y cuando la Suprema ordena al Estado cubrir un tratamiento probadamente efectivos para evitar la muerte de alguien, la respuesta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de que es “inconstitucional” pagarlo (porque no hay glosa presupuestaria) es absurda.
Como dijo el juez Sergio Muñoz, si la consideración económica estará primero no que la salud, sino que la sobrevivencia de una persona, que se elimine mejor de la Constitución el derecho a la vida.
Si a temas como ese no se le dan respuesta de fondo, el sistema judicial, constitucional, la democracia completa se tensiona y se hacen evidente sus falencias más allá del tema que originó dicha tensión.
No es que la Suprema se esté quedando larga en sus fallos, son las políticas públicas las que se quedan cortas en hacer que garantías constitucionales no sean letra muerta.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
