"La democracia directa es algo que tenemos que ir conversando (...) que sean quienes nos eligieron (...) quienes también nos puedan revocar nuestro rol en algún momento", aseguró la convencional representante de los Pueblos Originarios, en torno a la discusión sobre mecanismos revocatorios para cargos de autoridad pública. Esto, luego de que se diera a conocer la presunta implicancia de conflictos de interés del presidente Piñera en el proceso de compraventa del proyecto minero Dominga.
Luego de que se revelaran presuntos conflictos de interés por parte del presidente Sebastián Piñera en el proceso de compraventa del proyecto minero Dominga, han sido varios los parlamentarios de oposición que han planteado la posibilidad de instalar una acusación constitucional contra el mandatario.
La situación reactivó diversas discusiones en torno a la necesidad de potenciar herramientas que prevengan y sancionen los casos de corrupción en nuestro país, siendo una de ellas, la falta de mecanismos revocatorios para cargos de autoridad pública.
Dicha problemática y la instalación de mecanismos de democracia directa fueron abordadas por los convencionales Amaya Álvez (Apruebo Dignidad), Natividad Llanquileo (Pueblos Originarios) y Cristián Monckeberg (Vamos por Chile) en el programa Aquí Se Debate Convención de CNN Chile.
“Yo creo que hay ciertas autoridades que efectivamente pueden ser objeto de revocación. Me gusta por ejemplo, respecto de un alcalde. Efectivamente ahí hay un punto. En el caso del presidente de la República creo que hay elementos y estructuras más simples que permiten que una autoridad deje su función, en un sistema semipresidencial, por ejemplo, cuando el Congreso censura”, señaló el convencional Monckeberg.
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Por otro lado, la convencional de Apruebo Dignidad apuntó a la cantidad de poder que tiene el presidente de la República en nuestro país: “Tomar decisiones sin mucha consulta y de verdad un poder que es casi omnímodo. Se habla casi de un monarca temporal”.
En esa línea, Álvez planteó la idea de “disminuir las facultades del presidente. Incluso hacer un régimen parlamentario, que significaría que el presidente cada vez que pierda la confianza tiene que dejar el cargo como primer ministro y esa es una opción”.
Asimismo, la abogada aseguró que le resulta razonable instalar mecanismos de revocatoria popular de todos los mandatos en democracia y que estén en concordancia con el “ejercicio del poder político del siglo 21”.
En tanto, la convencional Llanquileo adhirió a esta postura asegurando que “la democracia directa es algo que tenemos que ir conversando, es algo que se ha solicitado, que sean quienes nos eligieron (…) quienes también nos puedan revocar nuestro rol en algún momento“.
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Respecto a los dichos del ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, sobre que una eventual acusación constitucional contra el jefe de Estado resulta algo “antidemocrático”, la representante de los Pueblos Originarios aseguró: “tenemos que ver de donde viene la Constitución y quien lo permite en este momento. Habría que evaluarlo, no es antidemocrático cuando ha sido algo que además es reiterativo“.
“Es antidemocrático si uno utiliza las herramientas como esta sin tener una justificación de fondo, aprovechando una mayoría política, para sacar a una persona de su cargo. Evidentemente ahí se está utilizando de mala manera la institución”, contrastó el convencional Monckeberg.
Bajo esa lógica, el constituyente oficialista planteó que en general las herramientas revocatorias pueden ser utilizadas por “la autoridad de turno para someterla a juzgamiento y ver reafirmado su mandato con mucha más fuerza“, como una forma de aprovechamiento político.
“Pero eso no es confiar en la ciudadanía. Si tú sometes algo a votación, tienes que confiar en quién vas a votar”, respondió por su parte la convencional Álvez, advirtiendo que le resulta más preocupante el hecho de que no existan mecanismos democráticos para llenar los vacíos que deje una acción revocatoria.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
