Ad portas de la conmemoración del golpe de Estado, la conductora de CNN Chile Radio se refirió la polémica que ha ocasionado el cambio de gobernando en las entidades que lideran el Plan Nacional de Búsqueda.
Este miércoles se conmemora un nuevo 11 de septiembre, a 51 años del golpe de Estado y a uno de la creación del Plan Nacional de Búsqueda, surge la pregunta de si se habrán generado falsas expectativas entre los familiares de quienes aún no aparecen.
El Gobierno enfrenta una crisis en este tema. Las agrupaciones de derechos humanos reprochan la falta de urgencia que consideran que hay en el Gobierno y que no se haya continuado con la línea de trabajo que la subsecretaría del ramo llevaba desde hace algunos años. Ha habido renuncias de analistas del ministerio y un reciente cambio de subsecretario.
El Gobierno explica que la intención es instalar una nueva gobernanza que quede anclada en el Estado, pero los familiares temen que, con la llegada de un gobierno de derecha, por ejemplo, esto se debilite.
El convenio por trato directo con la empresa de big data Unholster sumó una nueva tensión: no fue informado al comité de seguimiento y búsqueda, donde participan las agrupaciones de derechos humanos, que además consideran inadecuado un gasto de $600 millones, si hay, dicen, tecnología disponible en varios centros universitarios vinculados actualmente al Estado y el asunto de los derechos humanos.
La búsqueda forense en sitios de posibles hallazgos es evidentemente lo más apremiante, pero hay otro factor que hay que considerar: los restos que han estado en poder del Estado y que han tenido un destino triste, negligencia, pérdida de evidencia, décadas de olvido, equivocaciones en la identificación y otras faltas que han llevado al ministro Cordero a decir en su momento que el Estado estaba en deuda.
El plan de búsqueda debiera buscar también dentro del propio aparato del Estado a ver si hay novedades esperanzadoras para miles de familias chilenas que no pueden celebrar en septiembre.
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