"Hay cosas muy positivas que las propuestas de la mayoría de los convencionales habían incluido, por ejemplo, el financiamiento de los colegios particulares subvencionados (...) pero ahora en la propuesta final, el financiamiento no aparece, no se asegura a nivel constitucional", cuestionó Daniel Rodríguez.
Esta semana la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, aprobó en particular el derecho a la educación, la cual contempla -entre otros aspectos- la libertad de enseñanza.
Para abordar estos lineamientos de la futura nueva Carta Magna, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, conversó con CNN Chile, planteando que desde su organización se sienten “decepcionados y muy preocupados” por el trasfondo de las normativas que tramita la Constituyente.
“Hay cosas muy positivas que las propuestas de la mayoría de los convencionales habían incluido, por ejemplo, dejar en claro el financiamiento de los colegios particulares subvencionados (…) pero ahora en la propuesta final, el financiamiento no aparece, no se asegura a nivel constitucional. Esa es una de las oportunidades que se perdieron“, afirmó.
Rodríguez además planteó que “la libertad de enseñanza y en particular, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, quedó de una forma que no logra satisfacer ni siquiera los tratados internacionales que Chile ha ratificado en la materia”.
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El timonel de Acción Educar también abordó el reciente anuncio de condonación del CAE y la petición de la Confederación Federación de Estudiantes de Chile (Confech), de incluir la iniciativa en la Ley de Presupuesto para comenzar a aplicarla lo antes posible.
“Al corto plazo los recursos no existen y lo dijo el ministro de Hacienda, por lo tanto yo creo que la discusión sobre si tiene que ir en la ley de presupuesto me parece válida, en el sentido de que hay derecho a pedir lo que uno quiera, pero me parece un poco apresurada, dado que las mismas autoridades han planteado otra cosa”, aseveró.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
