El panelista de Tolerancia Cero abordó en su minuto de confianza las duras críticas que el presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) hizo a los otros tres canales de tv abierta: Canal 13, Mega y Chilevisión.
Esta semana, el presidente de TVN, Francisco Vidal, reconoció que fue un error plantear en el Congreso frases que se interpretaron como ofensivas e injustas respecto de Canal 13, Mega y Chilevisión. Como dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas.
La ministra Camila Vallejo valoró ese mea culpa y pidió más bien enfocarse en el tema de fondo: en la necesidad de que el Estado sea dueño de medios de comunicación; no solo televisión, también radios y otras plataformas informativas.
Pues bien, respecto de ese tema de fondo existe un punto de vista alternativo que vale la pena poner sobre la mesa.
La vida en sociedad funciona en base a una especie de “pacto” en que las personas le entregamos al Estado el poder de gobernar, es decir, de imponer reglas mediante la fuerza. Así, estamos obligados a pagar impuestos, a respetar a la fuerza pública, a no salir del país si nos lo prohíben, a pagar una multa si no cumplimos con la obligación de votar… un tema noticioso estos días.
Como ven, renunciamos a parte de nuestras libertades, pero entendemos que es el precio a pagar por tener orden y paz para poder vivir juntos los distintos.
Pero así como le cedemos al Estado el monopolio de la fuerza, los ciudadanos nos guardamos el monopolio de la opinión. Para poder juzgar al Estado; para evaluar si usa bien o mal el poder y el dinero que las personas le damos.
Por eso, los medios de comunicación son esencialmente un ámbito de la sociedad civil. En ellos trabajan los periodistas, los llamados “perros guardianes” de la sociedad. Y tal como la primera responsabilidad del Estado es garantizar un país en orden, la primera tarea de la prensa es vigilar al Estado.
Porque lo que no puede perder la sociedad civil es uno de los derechos más sagrados: el derecho a pataleo.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
