Nicolás Copano desmenuzó, en su programa Cada Noche, algunas de las afirmaciones que realizó la diputada RN durante la viralizada entrevista con Daniel Matamala en 360°. Además de asegurar que Pinochet no era un dictador, Flores hizo otras afirmaciones falsas que analizamos en este video.
«El Congreso es quien previamente al pronunciamiento militar realiza un proyecto de acuerdo en donde se señala […] las vulneraciones a la Carta Fundamental y a una serie de derechos. [Si bien] no estoy diciendo que [el Congreso] lo haya destituido [a Salvador Allende], sí apoyó el pronunciamiento militar de 1973», señaló Camila Flores en la entrevista a Daniel Matamala.
El día 23 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados presentó un proyecto de acuerdo sobre el estado de la República en el gobierno de Salvador Allende.
Tres meses antes, había iniciado una nueva legislatura, como producto de las elecciones parlamentarias de marzo de ese año. En ellas, la oposición agrupada en la Confederación de la Democracia, era mayoría en ambas cámaras.
Ello facultaba a la oposición a generar destituciones de funcionarios de gobierno como una forma de muñequeo de poder contra las decisiones que tomase el gobierno. En el marco de ese tira y afloja entre el gobierno y el Congreso, sucedió este proyecto de acuerdo.
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Al mes de agosto de 1973, el gobierno de Allende estaba integrando militares como ministros de su gabinete en cuatro carteras, entre ellas Defensa, la cual era ocupada por el entonces comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats.
Estas nominaciones fueron llamadas por Salvador Allende «gabinete de seguridad nacional». Y fueron estas nominaciones el argumento del proyecto de acuerdo presentado por el Congreso liderado por la oposición.
En resumen, dicho proyecto de acuerdo les plantea a los militares en el gobierno sobre cuál lado de la vereda elegirían: si estar dentro del programa político de la Unidad Popular o actuarían en sus ministerios fuera de este programa.
El tercer punto del acuerdo parlamentario dice textualmente que «la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros».
¿Por qué comprometerían el carácter nacional de las Fuerzas Armadas y de Orden? Porque en el artículo 22 de la Constitución de 1925 se establecía que las Fuerzas son obedientes y no deliberantes. ¿Qué significa eso? Que las Fuerzas están inhabilitadas de fijar una postura política tanto como figuras individuales como un acto colectivo.
El acuerdo entre los diputados entonces solo era un llamado de atención a cuatro integrantes en particular, el almirante Raúl Montero (entonces ministro de Hacienda), el comandante de la Fuerza Aérea César Ruiz Danyau (entonces ministro de Transportes), el general director de Carabineros José María Sepúlveda (entonces ministro de Tierras y Colonización) y el ya citado general Carlos Prats (ministro de Defensa).
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Como consecuencia de ese llamado de atención y de las presiones al interior de las mismas Fuerzas, tres de los cuatro generales salieron del gabinete y se acogieron a retiro. El único que se mantuvo en el gobierno fue el general director de Carabineros.
Eso fue el proyecto de acuerdo y esas fueron las consecuencias. Por ningún motivo ese proyecto de acuerdo implicó un llamado a que las Fuerzas Armadas intervinieran en el poder. Porque eso también habría sido una contravención al mismo artículo que los diputados habrían estado reclamando.
Las Fuerzas Armadas habrían hecho un acto de deliberación. Y así fue a contar de 1973, cuando no solo hicieron un golpe de Estado, sino que además implantaron un proyecto político a partir de los reglamentos constitucionales de 1974 con los que se declaraba suspendida la Constitución de 1925 y, posteriormente, la Constitución de 1980.
Entonces, la Cámara de Diputados en 1973 no apoyó una intervención militar, sino que solo les pidió tomar una postura a los cuatro militares que ocupaban el gabinete de Allende. Y tres de cuatro entregaron sus cargos tanto en el gobierno como en sus respectivas Fuerzas.
Por lo tanto, lo dicho por Camila Flores en esta frase es falso.
«Desgraciadamente, yo no tuve el privilegio de conversar con él [Pinochet]. No tuve la oportunidad de compartir y comentar con él estos hechos [las violaciones a los Derechos Humanos]. Porque créame que, si lo hubiese hecho, se lo contaría», afirmó minutos después la legisladora.
En el campo de la argumentación existen los argumentos propiamente tales y las falacias, que se visten de argumentos lógicos y válidos, pero no lo son. Y esto es una falacia conocida como apelación a la ignorancia: el argumentum ad ignorantiam.
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Esta falacia consiste en decir algo afirmando que no existe una prueba que demuestre lo contrario. ¿Y cómo opera esta falacia en la frase de Camila Flores? Cuando la diputada señala no tener el «privilegio» de poder preguntarle a Augusto Pinochet si violó o no los Derechos Humanos, dado que el dictador está muerto.
Y lo que dice la diputada Flores es falso. No porque Pinochet esté muerto significa que no haya evidencia suficiente de la responsabilidad del dictador en las violaciones a los Derechos Humanos.
Primero, el testimonio de una persona no es prueba suficiente de que lo que esté diciendo sea verdad. O sea, si la diputada hubiera tomado té con Pinochet y le hubiera preguntado si violó los Derechos Humanos, hipotéticamente, Pinochet podría haberle mentido.
Segundo, como consecuencia de lo anterior, existen investigaciones judiciales y de inteligencia internacional que demuestran fehacientemente el rol de Pinochet como agente de terrorismo de Estado.
Incluso tomando el supuesto de que el general no hubiera sabido todo lo que hacían los aparatos de inteligencia durante la dictadura militar, al menos, en uno de ellos hay claras pruebas de la intervención misma de Pinochet.
La Agencia Central de Investigaciones de Estados Unidos (la CIA) ha desclasificado informaciones que apuntan al rol directo que tuvo Pinochet en el asesinato del ex ministro del gobierno de la Unidad Popular Orlando Letelier, ocurrido en 1976 en la ciudad de Washington.
Un documento desclasificado, con fecha mayo de 1987, afirma que una revisión de los archivos de la CIA sobre el asesinato de Letelier arrojó «pruebas convincentes de que Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia llevar a cabo el asesinato».
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Cabe destacar que el atentado a Letelier fue el primer acto terrorista perpetrado por un Estado extranjero en territorio estadounidense.
Tanto por ser falacia como por el hecho de haber al menos una prueba directa de lo contrario, lo dicho por Camila Flores es falso.
«Acá, lo que se vivió en nuestro país era un enfrentamiento entre civiles. A los otros [en otros países] se les mató simplemente por pensar distinto, donde eran civiles absolutamente indefensos», explicó Camila Flores.
La congresista mezcla dos cosas en este punto. Como se dice en lógica argumental, es una falacia non sequitur, es decir, el punto B no se sigue de lo planteado en un punto A.
Cuando dice que hubo «enfrentamientos entre civiles», ella se refiere a los hechos sucedidos anteriormente al golpe de Estado. Las duras peleas políticas ocurridas antes de septiembre de 1973 ciertamente fueron enfrentamientos entre civiles. Pero aun concediendo que efectivamente existieron grupos armados afines a la Unidad Popular, dichas organizaciones armadas no equivalían en poderío militar y estratégico a los recursos de las Fuerzas Armadas y de Orden.
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Por eso, en el momento que los militares toman el poder, el enfrentamiento deja de ser «entre civiles» simplemente. Como el monopolio de las armas está en manos de las Fuerzas Armadas, la situación no es entre pares de diferente signo político, sino que una confrontación asimétrica entre unos escudados detrás del monopolio de las armas y otros víctimas del monopolio de las armas.
Y, en esa asimetría, sí se mató gente por pensar distinto. Aparte de ello, también hubo relegaciones, torturas, exilio y desapariciones; no solamente a quienes tuvieran ideas comunistas, sino que a cualquiera que tuviese ideas progresistas.
Esa persecución ideológica no fue contra personas en igualdad de condiciones con las Fuerzas Armadas, no fue contra individuos armados. Fue contra una forma de pensar, que no solo fue amedrentada con la violencia militar, sino que fue censurada de cuajo.
Se cerró un Congreso Nacional, se prohibieron los partidos políticos, se quemaron libros públicamente para exhibir la censura. Incluso, crearon una Constitución que declaró ilegítimas las ideas más de izquierda, a partir de su artículo 8º, en donde se indica que:
«Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra […] una concepción de la sociedad […] fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales».
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Dicho artículo fue derogado apenas en 1989, cuando la vuelta a la democracia era inminente, luego del triunfo del No en el plebiscito del año anterior. La dictadura sí persiguió a personas por pensar distinto explícitamente, un artículo de la Constitución los facultó a hacerlo durante casi todo el tiempo que ocuparon el poder.
Como se dijo anteriormente, este dicho de Camila Flores mezcla dos cosas. Busca hacer parte de una misma relación los enfrentamientos entre civiles previamente a 1973 (estableciendo que estos continuaron de la misma forma con posterioridad al golpe de Estado) y, como supuesta consecuencia de lo anterior, ella afirma que la dictadura no mató personas por pensar distinto.
Eso es falso. La dictadura efectivamente persiguió gente por pensar distinto y lo estableció claramente en su Constitución.
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