La secretaria de Estado detalló en Tolerancia Cero los planes de su cartera para el último año de gobierno. Sobre el proyecto de aborto, señaló que "hemos estado mirando es la legislación de países como Alemania, que se centra en torno a las 14 semanas" y que su envío se hará posteriormente a que se apruebe el reglamento en Contraloría sobre el aborto en tres causales, pero que el gobierno retirará dicho instrumento para hacerle cambios.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó en Tolerancia Cero la estrategia del gobierno durante el último año para presentar proyectos enfocados en los derechos reproductivos y la equidad de género dentro del sistema político.
En la pasada Cuenta Pública, el Ejecutivo anunció la presentación de un proyecto de aborto legal sin causales. Sobre este punto, la secretaria de Estado detalló que la iniciativa se encuentra en redacción y que ya se han realizado rondas de conversación con diversos legisladores y partidos.
“Estamos dialogando actualmente con las parlamentarias para buscar lo que se conoce como un, digamos, máximo viable, es decir, cuánto concita el mayor apoyo dentro de los sectores que están a favor dentro del Congreso. Ahora, en particular, lo que hemos estado mirando es la legislación de países como Alemania, que se centra en torno a las 14 semanas”, explicó.
Eso sí, la ministra manifestó que el proyecto no será enviado antes de que se apruebe por parte de Contraloría el reglamento sobre el aborto en tres causales, y reveló que el gobierno retirará dicho instrumento del ente fiscalizador para hacerle algunos cambios. Aunque lo definió como un proceso normal y que ocurre con muchos reglamentos, esto hará que el proyecto de aborto legal sin causales se ingrese posterior a la fecha inicial que se había comprometido, que era diciembre de este año.
Por otro lado, al referirse a la propuesta de reforma al sistema político y su opinión sobre la paridad de género, Orellana adelantó que se sostuvo una reunión con el ministro Álvaro Elizalde y senadoras interesadas en el tema.
“Acordamos trabajar durante enero en un proyecto separado al de reforma al sistema político, que tenga que ver tanto con expandir la normativa transitoria de cuotas para las parlamentarias, que está vigente hasta el 2029. Estamos lejos todavía de decir que esas medidas positivas ya no son necesarias, y si lo tenemos que hacer, es ahora, antes de que se inicie el ciclo”, puntualizó.
Asimismo, Orellana expresó la necesidad de avanzar en mecanismos de promoción y cuotas en los gobiernos subnacionales. “Digamos consejos regionales y consejos municipales, donde estamos muy atrás”, concluyó.
Con relación al debate sobre la reforma de pensiones, actualmente en discusión en la Comisión del Trabajo del Senado, la titular de la Mujer y Equidad de Género planteó sus cuestionamientos.
“Lamentablemente, lo que nos muestra el debate sobre la reforma de pensiones es que la mayoría ciudadana no necesariamente se expresa en mayoría parlamentaria. Tenemos sectores que se niegan a debatir sobre diversos temas, no solo sobre el aborto”, comentó.
Sobre este punto, aludió a la posible carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
“Estoy muy impactada con las declaraciones de Matthei porque ella siempre ha sido un liderazgo fuerte en la derecha en cuanto a defender los derechos de las mujeres. De hecho, ella misma estuvo en contra de decisiones que influyeron en la votación, y eso está respaldado en datos, no solo en opiniones. Por ejemplo, el rechazo al segundo proceso constitucional se debió, en parte, a la controversia con las tres causales de aborto, y ella fue una de las personas que advirtió que eso no era una buena idea”, recordó.
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Desde su perspectiva, agregó: “Si uno saca la Pensión Garantizada Universal (PGU), la mediana de pensiones de las mujeres sería de 42 mil pesos. Además, la posición que está adoptando la derecha incluye muchos requisitos de años cotizados, y quiero ser clara: cada año extra que se exige deja a más mujeres fuera. Por ejemplo, comparando la propuesta del gobierno con la de la (oposición), más de 240 mil mujeres quedarían sin ningún beneficio”.
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