En entrevista con CNN Chile, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales se refirió a la nominación de Marta Herrera. "Ni yo ni la asociación tenemos una definición respecto de su designación, ya que entendemos que esto está en la arena política", dijo.
La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip) rechazó “categóricamente” la nominación de Marta Herrera para el cargo de fiscal nacional. Según el ente, su ratificación ante el Senado “constituye un grave error”.
En entrevista con CNN Chile, Francisco Brazo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, sostuvo que “parece que hay una confusión, ya que la crítica que se le hace a Herrera viene de una asociación de funcionarios, pero hay varias en el Ministerio Público, cerca de ocho”.
“La Asociación de Fiscales no se ha manifestado respecto de esta persona, nosotros hemos tenido una actitud, en general, de prescindencia en este proceso”, dijo Bravo, quien detalló que “lo que hemos dicho es que no tenemos ni candidatos ni candidato preferido o predilecto“.
El abogado afirmó que, de todas formas, prefieren a una persona que tenga “experiencia en materia de persecución penal”. “En el caso de Marta Herrera, ni yo ni la asociación tenemos una definición respecto de su designación, ya que entendemos que esto está en la arena política“.
“Lo que sí hemos detectado, más allá del nombre de Marta Herrera, es que este es un proceso que se ha complicado por lo que algunas personas, no nosotros, lo han denominado una guerra sucia”, añadió. “Aquí se instaló un proceso muy complejo de muchas descalificaciones (…) y la verdad es que esto ha generado una mayor afectación a la imagen de la institución y también al mecanismo de elección del fiscal nacional, que nosotros siempre hemos dicho que hay que revisarlo”.
Bravo detalló que desde la Asociación Nacional de Fiscales han planteado en diversas oportunidades la necesidad de que se modifique el mecanismo de elección del fiscal nacional. “En primer lugar, no debería participar el poder judicial en esta designación (…), ya que nos parece que es disfuncional desde el punto de vista del diseño institucional”.
“Lo segundo es que nosotros planteamos la necesidad de generar una especie de comité o comisión técnica de evaluación de antecedentes y también subir los estándares o requisitos para ser candidato a este cargo“, agregó.
Según el abogado, “todos tenemos en nuestra historia de vida errores y equivocaciones, por lo que pedir que sea un ángel caído del cielo es muy difícil, aunque por supuesto hay límites y códigos, los cuales los tiene que establecer la ley de tal manera de evitar situaciones como las ocurridas en este proceso”.
Finalmente, en tercer lugar, Bravo afirmó que “debe haber un mayor espacio para la participación ciudadana en la deliberación o, por lo menos, que la ciudadanía pueda intervenir a través de mecanismos institucionales”.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
