La inmobiliaria San Valentino anunció acciones legales para pedir la compra forzosa de la ex clínica por parte del municipio de Santiago. Francisco Leturia, presidente del CPLT, abordó el caso en CNN Chile e indicó que pese al desistimiento anunciado por la alcaldesa Irací Hassler, “el negocio no se ha caído”.
En el marco del caso por la compra del inmueble de la ex Clínica Sierra Bella, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, fue enfático en señalar que “el negocio no se ha caído”, pese al desistimiento anunciado por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
“Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo: la compraventa misma ya fue celebrada, es una escritura pública. Fue cerrada por la notaría, está en el Conservador de Bienes Raíces. Lo único que falta es que se pague el precio y que se produzca el acto que tiene que hacer el vendedor, que es transferir el dominio, pero la compraventa ya está celebrada, ya existe”, afirmó en Noticias Express de CNN Chile.
“Se puede echar abajo por lesión enorme, porque el acto en que el concejo municipal aprobó se pueda caer, pero la compraventa misma ya fue celebrada. Lo único que falta es que las obligaciones que nacen del contrato se ejecuten y eso se puede hacer judicialmente”, agregó.
En ese sentido, Leturia manifestó que “no es fácil” materializar lo que ha planteado la alcaldesa sobre desistir de la compra, “porque cuando la compraventa ya está hecha, de mutuo acuerdo -comprador y vendedor- la pueden dejar sin efecto, sino lo que ella ha llamado un desistimiento es realmente un incumplimiento del contrato. Eso es lo que está diciendo el vendedor con justa razón”.
La inmobiliaria San Valentino anunció acciones legales para pedir la compra forzosa de la ex clínica por parte del municipio. Esto luego que la alcaldesa Hassler anunciara que el municipio desistirá del proceso.
“No hay un desistimiento así como tal”, reiteró el presidente del CPLT. “Ella puede no cumplir con la obligación que tiene y, por lo mismo, la pueden llevar a los tribunales, obligación a iniciar perjuicios y eventualmente a cumplir el contrato forzosamente. Es decir, la situación puede ser más complicada que lo que hasta ahora conocemos”, añadió.
Respecto a la negociación que habría liderado la jefa comunal en el proceso, Leturia expresó que “es una arista particular, es interesante”, porque “está todo el tema de si debió haber registrado o no eso como una audiencia de lobby, si fue una o varias. Bueno, ahí están las declaraciones del vendedor que recién conocimos ayer, y que desgraciadamente vamos conociendo por goteo y no desde el día 1, como hubiese sido ideal”.
Sin embargo, “esas son las cosas que va a tener que ver Contraloría, para determinar si es que hubo una infracción a la Ley de Lobby, porque ese tipo de cosas en general, si damos por cierto lo que dice el vendedor, tiene todo el aspecto del tipo de gestiones del que se deben dejar registro”, continuó.
Otro aspecto que abordó Leturia fue el cómo se realizó el proceso de manera pública: “Todo esto lo hemos sabido gracias a la transparencia y gracias a que ha habido cierta transparencia. Supimos que hubo reuniones del concejo donde se aprobaron en general por casi todos los concejales esta operación, que se firmó un contrato, que la sociedad que vendió había comprado pocos meses antes a un precio mucho más bajo la misma propiedad”.
“Todo esto que estamos conversando, todas las noticias que sabemos del último tiempo las sabemos no gracias a que la institucionalidad haya funcionalidad y hay apuesto un parelé. Aquí el parelé surgió porque un competidor puso una denuncia en Contraloría, llevó el tema a la prensa y ha sido la prensa y la opinión pública quienes han levantado el tema y han obligado a muchas autoridades a meterse en esto. Pero si no hubiese existido la prensa, la opinión pública o ese tercero que hacía la denuncia esto, como decimos en Chile, capaz que pasaba piola”, indicó.
Finalmente, Leturia fue enfático en señalar que “Contraloría solamente puede sancionar por algunos tipos de cosas. Es decir, no puede destituir a la alcaldesa ni tampoco puede echar abajo una compraventa que ya está celebrada”.
Bajo ese punto, explicó que cuando el ente regulador “le dice a la alcaldesa que no haga más acciones para terminar de ejecutar la compraventa que ya está celebrada, no está anulando la compraventa, está diciéndole que no haga más acciones”.
“Ahora, si las hace o si es que las hace obligadas por un tribunal, bueno, Controlaría podrá decir ‘no me hizo caso’, pero la compraventa va a seguir adelante”, sentenció.
Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar, dado que aún hay muchas personas desaparecidas y las condiciones complicadas para la búsqueda.
