El exministro del gobierno de Bachelet analizó los dichos del exsecretario de Justicia, Jaime Campos, quien dijo que no obedeció el mandato de la expresidenta sobre cerrar Punta Peuco porque “habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley”.
El exministro del Interior e integrante del comité político de Amarillos por Chile, Jorge Burgos, se sumó al debate sobre el fallido cierre del penal Punta Peuco.
Esta semana, la expresidenta Michelle Bachelet reveló que ella dio la instrucción para el cierre del penal, sin embargo, no le hicieron caso. Este sábado, quien era ministro de Justicia de ese momento Jaime Campos aseguró que dicha acción “habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley”.
En entrevista con CNN Chile, Jorge Burgos analizó las declaraciones de Campos y dijo que “de su carta, yo entiendo que el reproche constitucional tiene que ver con un tema cronológico”, en el sentido de que al ser decretado al final del mandato de Bachelet, el cierre de Punta Peuco tendría que haber sido tramitado con posterioridad a su gobierno.
Sin embargo, Burgos opinó que el cierre de cualquier penal sí es posible sin una ley de por medio.
“En mi opinión, aunque no soy experto en materia de derecho carcelario, es perfectamente posible tomar la decisión del cierre de un determinado penal a través de un decreto supremo, y no se requiere una ley”, señaló.
Burgos fue ministro del Interior y de Defensa durante el segundo periodo de la expresidenta Bachelet. Consultado sobre el tema, dijo que no recuerda que el cierre de Punta Peuco haya estado presente en la agenda del Ejecutivo sino hasta fines de la administración de la exmandataria.
“Por lo menos mientras yo estuve en el cargo de Defensa, y después un tiempo en Interior, no tengo registrado que haya habido una decisión de cerrar el penal de Punta Peuco”, dijo.
Ante la pregunta de si el eventual cierre del penal tenía detractores al interior del gobierno de la expresidenta Bachelet, respondió que “en ese momento no fue un tema complejo”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
