José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, comentó el proyecto ingresado en el Senado que busca dar una amnistía a quienes han sido enjuiciados en el contexto del estallido social, medida que sería "injustificable e inconveniente".
Las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde octubre de 2019 en nuestro país siguen hasta el día de hoy siendo revisadas en diversas instancias judiciales e institucionales.
José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de Human Rights Watch (HRW), asegura que aún se vive una situación “delicada” y que se ha avanzado “poco” en las reformas a las instituciones policiales encargadas del orden público.
“En lo que sí se ha avanzado es en tomar conciencia de la necesidad de mejorar los mecanismos de control. Revisar el reclutamiento, la capacitación, revisar también el control disciplinario interno de Carabineros. Pero las reformas que se requieren aún están pendientes“, afirmó Vivanco.
Por otro lado, comentó el reciente proyecto presentado en el Senado y que busca otorgar un indulto general a quienes han sido enjuiciados en el marco del estallido social, el que calificó de “injustificado, inconveniente e innecesario”.
“Quienes cometieron delitos comunes deben responder ante la ley. No puede haber un trato preferencial, especialmente si estamos hablando de delitos graves. Y si hubiera algún vicio en el procedimiento, debería ser tratado caso a caso”, dijo el representante de HRW.
Asimismo, indicó que “no hay presos políticos en Chile”, algo que puede afirmar categóricamente “porque para que se den las circunstancias de presos políticos deberíamos estar en condiciones donde las personas sean perseguidas por sus creencias religiosas, creencias políticas, disentir al intentar publicar una opinión personal”.
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Por otro lado, el representante de Human Rights Watch habló sobre los dichos del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, en torno a la quema de cuatro buses del transporte público en plena Alameda.
“Lo que aconteció ayer fueron graves atropellos a los derechos humanos por parte de estos delincuentes que interrumpieron la libre circulación de las personas y destruyeron el transporte público, que es un derecho fundamental para que las personas puedan asistir al médico, a sus trabajos, a los estudios”, dijo la máxima autoridad regional.
Sin embargo, para Vivanco las palabras de Guevara dan cuenta de un “desconocimiento” sobre la materia, algo que a su parecer debiera ser rectificado.
“Son fruto de la falta de conocimiento de los conceptos básicos que representan los estándares o principios en materia de derechos humanos. La quema de un bus, la quema de una propiedad pública o privada, el vandalismo, están debidamente penados en el Código Penal y son delitos comunes, deben ser investigados y sancionados”, comenzó explicando el representante.
Y continuó: “Violaciones a los derechos humanos las pueden cometer funcionarios públicos, agentes del Estado, policías. También militares, cuando cometen abusos de poder. Esos hechos también son delitos comunes pero de acuerdo a los estándares internacionales al tratarse de un delito común cometidos por un agente estatal, pasan a ser calificados como violaciones a los derechos humanos“.
Finalmente, señaló que le preocupa que una autoridad tenga este tipo de confusiones, comentando que “ojalá que él reconozca el error, porque en esta materia hay que ser muy objetivos y rigurosos“.
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desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
