María Soledad Piñeiro cuestionó el uso de la causal "notable abandono de deberes" para acusar a la magistrada, principalmente porque esta se utiliza para sancionar hechos distintos a una resolución judicial.
Este martes comenzó a tramitarse en sala la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, a quien un grupo de diputados apunta por notable abandono de deberes luego de presidir la comisión que dejó en libertad a Hugo Bustamante.
“Esta es una grave interferencia a la independencia judicial, puesto que lo que se está revisando es la fundamentación y el contenido de una resolución que están dictadas por los jueces en el ejercicio de sus funciones”, dijo al respecto María Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados.
La representante gremial también indicó que este caso debiera ser revisado dentro del mismo Poder Judicial, mediante los mecanismos que expresa la legislación.
Asimismo, reconoce que existen debilidades en el sistema de beneficios carcelarios y cómo colaboran -o no- los organismos implicados, pero que en este caso el “notable abandono de deberes” no se estaría aplicando como hasta ahora se había hecho.
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“Está orientada a cuestiones bastante distintas a las que se están discutiendo hoy día, que está orientada a si el juez acude a su despacho, resuelve dentro de plazo, atienden bien a quien corresponde, etcétera. Pero no al contenido de sus resoluciones, por lo que el análisis que se está haciendo es un análisis de fondo, que debiera ser revisado por medio de recursos jurisdiccionales que no están contemplados en el procedimiento”, agregó la presidenta de la asociación.
Por ello, Piñeiro concluyó que “lo que ha salido a la luz y que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo es revisar por una parte lo que significan los procedimientos internos del Poder Judicial, de responsabilidad de los jueces, y sin duda alguna un sistema completo íntegro de ejecución de las penas”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
