El diputado DC manifestó que "en este mandato se consolidan actos administrativos que tienden a hacer viable en primer lugar el proyecto".
El diputado Gabriel Silber (DC) comentó que la oposición se encuentra trabajando con un equipo de abogados constitucionalistas para redactar los capítulos “que van a dar mérito y fundamento” a la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera en el marco de Pandora Papers.
En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Silber planteó que “a nuestro juicio una cosa ya es repudiable del punto de vista de la elusión fiscal, en que un mandatario realiza operaciones offshore en paraísos fiscales a sabiendas de la ventana de impunidad que se abre con este tipo de transacciones, cuando el motivo de ésta se encuentra en la cuarta región, en La Higuera, de tal manera que no podía sino celebrarse ese contrato en nuestro país”.
Sin embargo, lo que le parece más grave es “la incorporación de esta cláusula en la cual un privado se compromete a una obligación que solo un público puede asumir, que es la no exclusión de este sector del punto de vista ambiental para hacer viable, justamente, el proyecto minero Dominga”.
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El diputado manifestó que es una situación “que a nuestro juicio, del punto de vista de la acusación constitucional, configura un conflicto de interés grave (…) Han tenido un patrón de comportamiento durante esta administración de manera consistente, justamente a este compromiso o cláusula”.
De acuerdo al parlamentario, “en este mandato se consolidan actos administrativos que tienden a hacer viable en primer lugar el proyecto. Recordemos que en esta administración correspondía la firma de decreto de protección de todo el entorno del sector de La Higuera y hasta Chañaral de Aceituno, donde íbamos a tener una reserva de la biosfera; ese proyecto fue elaborado por la administración saliente de la entonces presidenta Bachelet y, derechamente, el presidente Piñera cajoneó este decreto y simplemente al día de hoy no se ha concretado”, enfatizó.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
