La abogada y ex defensora de la Niñez cuestionó en CNN Chile Radio el manejo de casos sensibles por parte del Ejecutivo.
En entrevista con CNN Chile Radio, la abogada Patricia Muñoz reflexionó sobre la denuncia por difusión de imágenes presentada contra el Presidente de la República, Gabriel Boric, analizando sus implicancias legales y políticas, así como la importancia de la gestión gubernamental de en casos como este.
Muñoz, con una larga trayectoria como exfiscal y defensora de la niñez, habló sobre la presunción de inocencia, la perspectiva de género y el impacto de las filtraciones en el sistema judicial, poniendo en relieve las fallas estructurales en el manejo de denuncias de alto perfil.
Durante la conversación, Muñoz apuntó la importancia de no confundir los avances sociales con las garantías legales. Reconoció el aporte de movimientos como Yo te creo, hermana para visibilizar las desigualdades enfrentadas por las mujeres, pero puntualizó que en el ámbito penal, la objetividad debe prevalecer. “La perspectiva de género no significa asumir automáticamente la culpabilidad del denunciado, sino garantizar que los estereotipos no interfieran en las decisiones judiciales”, afirmó.
En este sentido, hizo un llamado a no trivializar las denuncias ni a deslegitimarlas en base al historial de la denunciante. “Que una persona tenga antecedentes penales no implica que no pueda ser víctima de un delito. Si ese fuera el criterio, estaríamos instaurando un estándar profundamente injusto“, explicó.
Patricia Muñoz también dedicó espacio a cuestionar el manejo gubernamental de la denuncia presentada contra el presidente y lo contrastó con el caso del subsecretario Manuel Monsalve. Según la abogada, ambas situaciones reflejan una deficiente estrategia comunicacional y jurídica por parte del Gobierno.
En el caso de Monsalve, Muñoz señaló que las filtraciones de vídeos y antecedentes personales de la denunciante han sido utilizadas para desacreditarla públicamente, lo que resulta incompatible con un enfoque respetuoso de los derechos humanos. “No se trata de determinar la veracidad de una denuncia basándonos en los prejuicios o en la vida privada de las personas. Eso distorsiona el trabajo investigativo”, argumentó.
Para Muñoz, el mal manejo del Ejecutivo en este caso no solo ha complicado la percepción pública, sino que ha puesto en riesgo los principios fundamentales de la democracia, como el debido proceso. “El caso Monsalve debería haber sido una lección para el Gobierno, pero en cambio vemos patrones repetidos que solo debilitan la confianza en las instituciones“, concluyó.
Sobre la denuncia contra el presidente, Muñoz fue tajante al criticar la filtración de información desde el Ejecutivo, considerando que constituye una violación grave al principio de confidencialidad en las investigaciones penales. “Que sea el propio Gobierno quien ponga en conocimiento de la ciudadanía una denuncia reservada, y no la fiscalía, es inaceptable y podría ser constitutivo de delito“, advirtió.
Además, destacó que la fiscalía regional a cargo del caso haya abierto una investigación paralela para esclarecer cómo el Ejecutivo accedió a información reservada. “El acceso no autorizado a causas penales está tipificado como violación de secreto, y es fundamental que se determinen responsabilidades en estos hechos“, explicó.
Finalmente, Patricia Muñoz hizo un llamado a no politizar ni mediatizar estos casos, resaltando que tanto en la denuncia contra el presidente como en la de Monsalve, el sistema judicial debe operar con independencia y sin interferencias externas. Asimismo, pidió fortalecer la formación de fiscales y jueces para garantizar que la perspectiva de género sea aplicada correctamente, sin comprometer los derechos de las personas involucradas.
“La igualdad ante la ley debe ser un principio rector en todas las investigaciones, sin importar si el acusado es el presidente de la República o cualquier otro ciudadano”, concluyó Muñoz. Su análisis plantea importantes interrogantes sobre la relación entre política, justicia y opinión pública en Chile.
La defensa del mandatario aseguró que él fue víctima de acoso sistemático por parte de la mujer que, 10 años después de enviados los mensajes, presentó la denuncia en su contra.
