En conversación con CNN Chile, Álvaro Bellolio entregó detalles sobre el proceso en el que se concretó la salida de 53 ciudadanos venezolanos. "No hay nadie que no haya ingresado clandestinamente a Chile que no haya estado notificado", expresó.
Durante la jornada de ayer 56 venezolanos fueron expulsados del país y han sido diversas las entidades que cuestionaron aquel proceso. Una de las críticas vino por parte del Servicio Jesuita Migrante, quienes señalaron que no se respetaron los derechos de las personas que fueron devueltas a su país.
En conversación con CNN Chile, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, aclaró que se trató de dos grupos de personas, 19 condenados por el Ministerio Público, a quienes se le aplicó de un proceso de “sustitución de pena” de los cuales cuatro casos correspondían a casos de “trata de personas”, incluidos niños.
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“El segundo grupo son ciudadanos que infringieron gravemente la normativa de migraciones y la institucionalidad chilena al ingresar en forma clandestina y se autodenunciaron”, agregó.
El Servicio Jesuita Migrante apuntó a que la expulsión se llevó a efecto un día domingo, cuando los Tribunales de Justicia no están abiertos. Al respecto, Bellolio indicó que “no hay nadie que no haya ingresado clandestinamente a Chile que no haya estado notificado”.
Dentro de los casos que aluden a una polémica está el caso de una familia que acusa la separación del padre de familia, el jefe de Extranjería señaló que “nosotros validamos viendo toda la información presentada, pero nosotros también tenemos que validar contra los documentos oficiales por que se pueden dar casos de tráfico de menores” donde la identidad de los mismos sea malversada para fines delictuales.
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La autoridad también enfatizó en que se utilicen los plazos y canales establecidos para solicitar una reclamación judicial “pero que no lo hagan 18 meses después cuando va a salir el vuelo. Ahí claramente hay una instrumentalización para evitar la expulsión”.
En ese sentido indicó que esta vez se evitaron tres deportaciones que “se quedan en Chile con una expulsión vigente sin materializar” y sin su cédula de identidad vigente con una inserción “muy difícil” de concretar.
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“Hay 15 mil expulsiones administrativas pendientes“, comunicó Bellolio, al mismo tiempo que dijo que “siempre se prioriza expulsiones judiciales y después administrativas de quiene no tengan arraigo”. En la misma línea concluyó que “los procesos de expulsión, especialmente judicial, ayudan a mejorar las relaciones entre nacionales y extranjeros” debido a que entrega confianzas a la ciudadanía.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
