Felipe Moreno, legista de la coordinadora que busca impedir la realización del complejo hidroeléctrico Alto Maipo, asegura que el proyecto sigue con asuntos pendientes que podrían atrasar más el inicio de sus operaciones, entre estos, la demanda que se presentó en diciembre para anular el acuerdo entre convenio entre AES Gener y Aguas Andinas.
Para enero de 2021 se proyecta el inicio de operaciones del polémico complejo hidroeléctrico Alto Maipo. Según El Mercurio, esta fecha es la que la compañía AES Gener informó al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), para así impulsar el inicio del proceso de conexión de las dos centrales de pasada del proyecto.
No obstante, según plantea el abogado de la coordinadora No Alto Maipo, Felipe Moreno, este plazo podría no cumplirse debido a que aún la empresa mantiene pendientes algunas acciones judiciales.
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“Todo esto tiene que ver con las complicaciones que vienen de la naturaleza misma del proyecto, de su dimensión que es realmente muy grande, y por eso, como coordinadora estamos buscando detener la entrada del proyecto, anular el convenio que lo viabiliza, en el cual Aguas Andinas le sede el uso del agua -que es el agua potable de Santiago- a AES Gener para que se puedan operar las centrales”, explica Moreno en conversación con Nuevo Día de CNN Chile.
La demanda en contra de dicho contrato se interpuso a mediados de diciembre. “Eso está recién empezando así que es un camino bastante largo que hay que seguir, pero nuestra intención es evidentemente detener el proyecto“, reconoce el legista.
El abogado de la coordinadora recuerda que el convenio entre AES Gener y Aguas Andinas, el cual no posibilita el funcionamiento total del proyecto sino que solo una parte de éste, se mantuvo en secreto en un comienzo.
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“Finalmente, a través de un recurso judicial, la Corte de Apelaciones determinó que el convenio debía ser público. Recién ahí nos pudimos enterar del contenido de esto”, dice al respecto.
Moreno recalca que constantemente Alto Maipo ha debido enfrentar diversos problemas que han ido atrasando su inicio de operaciones. “Podría ser el 2021, el 2022, debería haber sido hace un par de años, entonces nosotros no tenemos mucha confianza en los plazos que están establecidos porque constantemente esos plazos se han ido corriendo, por la naturaleza del proyecto”.
“Según las fuentes de la empresa, el proyecto lleva cerca de un 90% de avance, pero toda esa información nos parece que siempre ha sido bastante dudosa. Nos reservamos el derecho de no creer mucho en lo que se nos informa, no sólo por parte de la empresa sino también por las autoridades”, agrega el profesional.
Sobre este último punto, el abogado de la organización ciudadana plantea que “la fiscalización ha sido muy deficiente y muy condescendiente. No ha habido ninguna rigurosidad en la aplicación de la ley. Es duro decirlo, pero en realidad, esto creo que se inserta en un contexto de abuso de las empresas, de pasar a llevar a las comunidades y la normativa”.
Añade que “esto se inserta dentro de una política de Estado de permitir que este tipo de proyectos, que tienen una inversión tremenda, puedan desarrollarse más allá de la normativa. Estamos hablando de un proyecto que va en contra de lo que establece en particular la Ley General de Servicio Sanitario, que es la norma que nosotros estamos utilizando para plantear nuestra demanda en este caso”.
