El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Franco Bravo, también se refirió a la absolución de Juan Miguel Fuente-Alba por el delito de lavado de activos.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Franco Bravo, se refirió al caso del conscripto muerto en Putre, Franco Vargas, de 19 años, mientras participaba de una marcha en el marco de su servicio militar obligatorio.
En ese sentido, el líder de la asociación de Fiscales planteó, en diálogo con Hoy Es Noticia, que “sí aquí se determina que los delitos cometidos por estas personas son de apremios ilegítimos y torturas, la jurisprudencia del sistema interamericano de DD.HH. señala claramente que la justicia militar no puede conocer estos hechos y que le corresponde siempre al juez natural, a la jurisdicción ordinaria del conocimiento de estas circunstancias o hechos”.
“Porque no son delitos de carácter militar, son “delitos comunes”, pero además con la connotación de que son cometidos siempre por agentes del estado”, cerró.
El dirigente también abordó los cuestionamientos del tribunal a la investigación liderada por el Ministerio Público contra el excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Ana María Pinochet, acusados por lavado de activos.
Esta mañana, de manera unánime, los magistrados del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago decidieron absolver a Fuente-Alba y Pinochet, argumentando “no se pudo vincular el delito base con maniobras de lavado de activos y, en específico, la inyección de efectivo en cuentas corrientes y tarjetas de crédito”.
Sin embargo, durante la lectura de sentencia, la instancia cuestionó aspectos de la investigación liderada por el Ministerio Público, lo cual plantea “dudas acerca de la real precisión de las glosas bancarias” que fueron incorporadas durante el juicio.
Acusaron que “faltó profundizar el análisis de los movimientos de las tarjetas de crédito de Fuente-Alba para determinar si todos los pagos por caja eran realmente en efectivo. La falta de estos comprobantes dificultó seguir el rastro completo de los movimientos de fondos y confirmar las fuentes de los ingresos y egresos”.
En ese contexto, el persecutor destacó que “hay que tener presente que hoy solo se leyó el veredicto, todavía no tenemos la sentencia, que se dará el 5 de agosto. Teníamos la convicción de que los antecedentes eran suficiente”.
Sin embargo, ante las críticas de la jueza Carolina Escandón sobre la indagatoria liderada por Fiscalía y los trabajos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), Bravo sostuvo que la situación es “compleja, porque lo que tiene que hacer el Tribunal Oral no son críticas o alabanzas a la investigación, lo que tiene que hacer es valorar la prueba que se presenta, más allá de eso, no le corresponde emitir opiniones”.
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