Esta semana fue entregado un nuevo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, con conclusiones que apuntan al rol que ha tenido el sistema judicial en los casos de represión y vulneración de las personas. El abogado destacó que lograron constatar malas prácticas por parte de los magistrados venezolanos, quienes pese a recibir denunciantes con evidentes secuelas físicas por maltratos y torturas, no han tomado acciones legales al respecto.
Esta semana la misión de la ONU en Venezuela entregó su último informe sobre la situación de los Derechos Humanos en dicho país, cuyas conclusiones apuntan al rol que ha tenido el sistema judicial en los casos de represión y vulneración de las personas.
Sobre este reporte se refirió uno de los miembros de la instancia, Francisco Cox, quien en conversación con CNN Chile, aseguró que si bien, el documento no presenta mayores diferencias al entregado en marzo, el foco estuvo en esclarecer la incidencia de tribunales y fiscales en las violaciones a los derechos humanos.
“No podemos hacer un comparativo de si es que ha mejorado la situación. Nosotros en la actualización que hicimos en marzo dimos cuenta que había preocupación todavía de ejecuciones extrajudiciales, de torturas, de detenciones arbitrarias, pero el enfoque de este informe es sobre el rol que cumple la Justicia en la represión y la impunidad que existe en Venezuela respecto de este tipo de delitos”, planteó el diplomático.
El abogado destacó que en su informe, lograron constatar que incluso con evidentes secuelas físicas de torturas o tratos inhumanos por parte de los denunciantes, los magistrados de Venezuela no tomaron acciones concretas.
“Los abogados y abogadas de estas personas presentaron denuncias ante la Fiscalía, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (…) y tampoco tenemos conocimiento de que se hayan tomado medidas o acciones legales en pos de esas denuncias“, aseveró Cox, agregando que incluso los denunciantes fueron devueltos a los organismos que ellos mismos estaban denunciando por maltratos y torturas.
Respecto a la situación de los agresores registrados en el informe, el abogado señaló que la información oficial entregada por el Gobierno venezolano es inconsistente, lo que estaría provocando diversas dificultades para abordar una eventual investigación contra estas personas.
“No se hace un análisis de la cadena de mando, ni de responsabilidades superiores (…) como documentamos en el informe anterior, aquí hay política de Estado y por lo tanto se tiene que investigar toda la línea de mando y eso es lo que nosotros no estamos viendo”, sentenció el diplomático.
Por otro lado, Cox aseguró que la misión de la ONU realizó numerosos intentos para comunicarse con el gobierno venezolano y tener su versión de los hechos, sin lograr ningún tipo de cooperación: “nosotros enviamos 17 cartas solicitando información, solicitando documentación y ninguna de ellas fue respondida”.
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Finalmente el abogado abordó las recomendaciones que se plantearon en el informe de Naciones Unidas, como la de solicitarle a los tribunales que se abstengan de enviar a las personas a prisión preventiva a manos de las agencias de inteligencia que cuentan con cárceles.
Además se solicitó el cese de la intervención de actores políticos externos y que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano deje e presionar a jueces de primera instancia.
Junto a esto, el organismo solicitó que se respete la carrera funcionaria de fiscales y jueces, para que puedan ejercer su labor de manera imparcial e independiente, sin el temor de perder sus cargos por no cumplir con requerimientos políticos.
La iniciativa, impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.
