El documento presentado por el Instituto a La Moneda en 2022 indicaba que no podían seguir acreditando las pensiones de gracia. Frente a ello, Consuelo Contreras dijo a CNN Chile que dichos reparos fueron reiterados "muchas veces" al gobierno anterior y al actual, sin embargo, "en ambas administraciones estaba en la Ley de Presupuesto y la ley hay que cumplirla". Anteriormente, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también había señalado que el oficio fue abordado de manera presencial.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, habló con CNN Chile sobre la reunión que mantuvo el Consejo del INDH con el Gobierno tras el oficio enviado por el organismo a La Moneda en 2022, donde aseguraban que no podían seguir acreditando las pensiones de gracia del estallido social.
Contreras señaló que en la reunión se habló de “generar un sistema adecuado de reparación ante la vulneración de derechos humanos”, y que no hubo una respuesta escrita del Ejecutivo al oficio, sino que se dio de manera verbal.
Además, explicó que dichas acreditaciones figuraban bajo el mandato de la Ley de Presupuesto 2021 y 2022, cuyas glosas presupuestarias decían que se otorgarían pensiones de gracia a personas que hubiesen sido víctimas de violaciones a DD.HH. y que, además, tuvieran incapacidad laboral parcial o total.
“Estuvimos obligados a cumplir la ley. Si nos hubiesen preguntado qué nos parecía esa glosa, hubiéramos dicho que no corresponde porque el Instituto no cuenta con los elementos para hacer calificaciones de ese tipo”, sentenció.
En esa línea, detalló que el INDH solo puede “calificar vulneración ante violación de derechos humanos, (y para) otro tipo de afectaciones existen las instituciones para que la realicen, (como) servicios de salud, Ministerio Público o Ministerio del Interior”.
Consultada por si dichos alcances fueron expresados al Gobierno, Contreras respondió: “Lo reiteramos muchas veces, sin embargo ocurrió en los gobiernos de Sebastian Piñera y de Gabriel Boric. En ambas administraciones estaba en la Ley de Presupuesto y la ley hay que cumplirla”.
¿Qué dijo el Gobierno?
Este domingo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que el oficio que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) le envío al presidente Gabriel Boric sobre las pensiones de gracias había sido abordado de manera presencial.
Esto luego del lapidario informe de la Contraloría General de la República, en el que se estableció que 58 de 419 pensionados de gracia tienen antecedentes.
En medio de los cuestionamientos que causó la situación, también se reveló que en septiembre de 2022, el INDH le envió un oficio al presidente Boric advirtiéndole que no podían seguir acreditando a los postulantes de pensiones de gracia.
En entrevista con El País, la ministra relató que tras la recepción del oficio, Presidencia y la directora del Instituto, junto a consejeros, “participaron de una reunión protocolar anual. En dicha instancia se abordó de manera presencial, entre otros temas, el contenido del documento enviado”.
Luego hubo reuniones de trabajo en el que participaron integrantes del Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior, asesores del Ministerio de Justicia, asesores de seguimiento de programa y el INDH.
“Tras estos encuentros, se mantuvo lo mandatado por la Ley de Presupuesto 2022 y regulado en el oficio 16 dictado por el Gobierno del expresidente Piñera”, continuó.
Sobre ello, El País le consultó a Vallejo cómo pudo ocurrir que el presidente Boric no respondiera a este tipo de alerta, a lo que respondió: “No comparto esa tesis, justamente por las instancias que acabo de mencionar”.
“Hubo varias reuniones de trabajo. Nuestro Gobierno ha mantenido en todo momento una línea de diálogo abierta para escuchar y evaluar las inquietudes. Por ejemplo, en el proyecto de Ley de Presupuesto 2023, presentado por el Gobierno al Congreso, no se incorporó ni la glosa 12 ni la glosa 15 relativas a la entrega de pensiones de gracia, esta última materia a la que había hecho referencia el INDH”.
“Pero quiero dejar claro: nos estamos haciendo cargo de este problema. Presentamos acciones concretas para hacer frente a lo que ha pasado y evitar que ocurra que condenados por delitos graves, como abuso sexual infantil o difusión de pornografía infantil, sigan recibiendo este beneficio”, agregó.
Pese a ello, la jefa de la Segegob recalcó que todas las inquietudes que puedan existir de parte del Instituto “siempre son acogidas y debidamente evaluadas”, y reiteró que “en este caso existieron diversas instancias presenciales en las que se abordó el tema planteado por el INDH”.