En conversación con CNN Chile, los diputados de oposición y oficialismo se refirieron a la aprobación de anulación de la Ley de Pesca en la Cámara de Diputados y Diputadas. Frente a esto, el parlamentario Luis Pardo cuestionó lo ocurrido y lo calificó de "descabellado".
El diputado Jorge Brito (RD) y el diputado Luis Pardo (RN), en conversación con CNN Chile, debatieron sobre la votación llevada a cabo en la Cámara Baja durante la jornada de este martes y que determinó aprobar la anulación de la Ley de Pesca.
Debido a esto, el gobierno presentó una reserva de constitucionalidad que les permitiría acudir al Tribunal Constitucional en caso de determinarlo. Una acción que fue respaldada por el parlamentario oficialista al insistir que la Cámara de Diputados y Diputadas debería haber modificado la ley y no anularla.
Al respecto, el diputado Brito destacó que “no hacerlo sería reconocer que en Chile la corrupción es completamente legal”, ya que “siete familias se apropiaron de parte importante de los derechos de pesca a perpetuidad. Y para lo que algunos, como el gobierno, no representa ni siquiera un problema, para nosotros eso es un atentado básico a nuestro sistema político y a nuestra democracia“, indicó.
Además, agregó que la actual Ley de Pesca “da hoy día una cancha muy dispareja para la pesca artesanal y muy favorable para algunas familias, y que atentan contra la sustentabilidad de nuestro mar”, argumentando que “hoy tenemos 19 de 27 especies que se comercializan del mar, sobreagotadas o explotadas”.
Lee también: Gobierno recurrirá al TC para evitar anulación de la Ley de Pesca
En cuanto a la aprobación en general de la anulación de la ley, el diputado Pardo expresó que “el Congreso tiene la facultad de dictar nuevas leyes, de modificar las existentes, pero no de anular una ley (…) de hecho, es tan descabellado esto, que al anularse la Ley de Pesca, se eliminan todas las garantías que tiene hoy día la pesca artesanal, se elimina el royalty que las pesqueras están pagando al Estado, se elimina la misma ley de la jibia, que significó la protección de la pesca artesanal de ese recurso”, explicó.
“Lo que se hace en los países civilizados es modificar lo malo, dictar una nueva ley cuando se lleguen los acuerdos necesarios respecto a lo que hay que modificar, pero no actuar para derogar de cuajo una ley dejando en total adversidad a quienes protege“, agregó el parlamentario oficialista.
En cuanto a este último punto, Jorge Brito replicó que la votación realizada apunta a la anulación de la ley y no su derogación, y que incluso fue aprobada con una indicación que permite un plazo de dos años para dictar una nueva ley en esta materia.
Lee también: Pescadores protestan para que se anule la Ley de Pesca: Será votada hoy en la Cámara
Por contraparte, Luis Pardo reconoció que “efectivamente hay actos de corrupción” que se comprobaron en la controversial Ley de Pesca. Sin embargo, calificó la determinación adoptada por la Cámara como una “pirotecnia” que busca “anular una ley para lograr un punto político y dejar descampado un sector que genera empleo”.
Asimismo, destacó que entre las modificaciones que él considera se deben realizar en la ley, se encuentran las mejoras a las zonas de protección de pesca artesanal, al igual que revisar “las esloras de las distintas embarcaciones que califican o no para entrar a las distintas zonas”, además de “la forma de las cuotas que se les asignan a los pescadores artesanales y restringir ciertas áreas de la pesca de arrastre”.
Finalmente, en el debate, Pardo criticó nuevamente lo ocurrido en la Cámara Baja asegurando que se trata de “una forma indebida de corregir esos actos de corrupción generando mayor incertidumbre y generando un precedente que se va a traducir a la larga en mayor corrupción, porque en un país donde no se respeta la ley, no puede tampoco respetarse la honestidad y honorabilidad de los ciudadanos”.
El diputado Brito, frente a esta alusión, señaló que confía en “la posibilidad de que tenemos todos de dialogar de cara a Chile, de forma transparente, una política pesquera en común” y que lo ocurrido en el Congreso “es lo que cualquier país decente debiera hacer”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
