Juan Gabriel Valdés reveló en CNN Prime que en principio eran siete los delincuentes que nuestro país había requerido, pero que dos de ellos ya están en cárceles de El Salvador, por lo que un quinto está aún a espera de confirmación. "Había un riesgo de impunidad" si eran enviados a Venezuela o El Salvador, aseguró.
En conversación con CNN Prime el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, se refirió a la solicitud de nuestro país a las autoridades estadounidenses respecto a siete personas que han cometido delitos en territorio nacional, entre ellos el crimen de Ronald Ojeda.
El embajador explicó que en un principio eran siete sujetos los de interés para nuestro país por diversos hechos delictuales, que van desde el secuestro y brutal homicidio del exteniente Ojeda, quien había escapado del régimen venezolano, hasta un secuestro con homicidio en San Miguel.
Sin embargo, dos de ellos ya están en recintos penitenciarios de El Salvador, uno de los lugares a los que Estados Unidos ha realizado sus expulsiones. De esta manera, los otros cinco seguían disponibles; cuatro de ellos ya están listos para su envío a Chile, con un quinto a la espera de confirmación.
“El Departamento de Estado (de Estados Unidos) ha sido extraordinariamente rápido para proceder, y receptivo a nuestra solicitud”, comentó Valdés sobre la trastienda de estas expulsiones. “Era un momento difícil porque Estados Unidos estaba deportando venezolanos a Venezuela en un primer momento y luego a El Salvador y las listas estaban ya organizadas, terminadas”.
Allí fue donde Chile a través de la embajada intervino con las autoridades estadounidenses para evitar que las siete personas de interés para nuestro país fueran expulsados, pidiendo que se mantuvieran sus detenciones hasta el momento en que fuera Chile el que se hiciera cargo de ellas.
“Es muy difícil, una vez que ya han sido depositados en Venezuela o en la cárcel en El Salvador, volver a recuperarlos para un proceso de extradición a Chile”, agregó el embajador.
El Gobierno chileno hará entrega de los antecedentes recabados a la fecha respecto al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, de manera que sea sumada a las indagatorias que lleva el persecutor de la Corte.
