Cariola criticó necesidad de que el Estado subsidie alza del costo de la electricidad sin aporte de la industria

El debate sobre el aumento de las tarifas eléctricas ha generado amplia controversia en el país. Por esta razón, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, cuestionó el escaso apoyo por parte de la industria eléctrica en este problema.

En una entrevista con CNN Chile, la parlamentaria subrayó la complejidad de la situación y la urgencia de encontrar soluciones efectivas ante el aumento de las tarifas eléctricas.

“El punto de la discusión es resolver y buscar soluciones para las familias chilenas”, comentó.

Cariola propuso explorar la opción de renegociar contratos anteriores a 2015 con las empresas eléctricas como parte de las medidas para aliviar la carga económica de los ciudadanos.

Además, criticó la necesidad de que el Estado subsidie el costo de la electricidad sin un aporte equivalente por parte de la industria. Aseguró que enfrentar esta situación como país requiere un esfuerzo conjunto.

“Cuando tenemos que enfrentar como país una situación compleja, todos tenemos que ponernos, acá no puede ser que los ciudadanos tengan un alza de la luz, el Estado que tenga que poner plata en un subsidio y que la industria no ponga nada de su parte“, criticó.

Posible conflicto de interés del ministro Pardow

Por otro lado, según información revelada por Ciper durante esta jornada, el ministro de Energía, Diego Pardow, contrató a dos profesionales con experiencia en diversas empresas eléctricas: Ramón Galaz y Andrés Romero, ambos asesores, son parte de la consultora Valgesta, a quienes se les ha encomendado diseñar una fórmula de pago que gradualmente elevará el costo de las facturas eléctricas para los usuarios.

A juicio de la parlamentaria esto puede tener graves consecuencias y podría ser parte de un conflicto de interés. Sin embargo, destacó la necesidad de contar con más antecedentes antes de emitir un juicio contra el ministro.

“Es crucial que el ministro explique por qué ha contratado a consultores que previamente trabajaron para empresas eléctricas. Esto podría plantear problemas procedimentales en la formulación de políticas públicas, especialmente cuando hay posibles conflictos de interés“, comentó.