El ex ministro de la Corte Suprema se refirió a la medida que el presidente electo, Gabriel Boric, aplicaría una vez asuma en marzo del 2022, y que dice relación con los denominados "presos de la revuelta", sobre quienes adelantaron que retirarán todas las querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Sobre los largos periodos de tiempo que algunas personas han estado en prisión preventiva, Cisternas también indicó que "no es aceptado" en el derecho penal actual.
El pasado lunes Giorgio Jackson, uno de los jefes políticos de la campaña del presidente electo Gabriel Boric, afirmó que, en el minuto en que se asuma el mandato, las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado en el contexto de los presos de la revuelta “serán retiradas“.
No obstante, tras su visita a La Moneda, el presidente electo señaló que “vamos a revisar caso a caso, es mejor no anticiparse”. Finalmente, los dichos fueron aclarados y reafirmados en entrevista con CNN Chile por Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista y otra de las jefas políticas en la carrera del abanderado de Apruebo Dignidad hacia el sillón presidencial.
“Las querellas se van a retirar, lo que pasa, es que ante la pregunta, nunca hemos estado por indultar a quienes saquean pymes y toda esta caricatura que se ha hecho de que querríamos mantener una suerte de impunidad”, puntualizó Vallejo.
Ante el debate, que viene siendo discutido desde 2019, tanto en la opinión pública como en el propio Congreso, CNN Chile conversó con el ex ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, para profundizar en la naturaleza de esta ley y la posibilidad de que el gobierno retire efectivamente las querellas.
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“En la medida en que ellos han sido querellados por la Ley de Seguridad Interior del Estado y esa ley da la exclusividad a la autoridad política, esta tiene entonces la posibilidad de retirarla, o sea, de desistirse de la querella“, recordó Cisternas, agregando que “la misma ley señala que si se desiste de la querella, se termina el juicio, se terminan las cautelares, se termina de cumplir la sanción si ya estuviera establecida y si no lo está, es imposible llevarla a cabo porque se termina el proceso”.
“Todos los delitos por Ley de Seguridad del Estado tienen un contenido político“, destacó el ex ministro de la Corte Suprema, “fundamentalmente, dependiendo de quién lo mira, cómo lo mira y cómo ve que se altera el orden público”. En esa línea, manifestó “es el telón de fondo de la ley de seguridad interior y eso hace explicable que la autoridad tenga la capacidad de analizar esa ley y presentar las querellas, como también la capacidad de desistirse”.
“No tengo exactamente una estadística del asunto, pero me parece que buena parte de los delitos que se cometieron con motivo de esta situación, son más bien de tipo común, es decir, robos, incendio y otros parecidos”, precisó Cisternas, agregando que “si los ubicamos en el contexto de una revuelta, que significó alteración del orden público, sí califican como para que se presenten querellas por infracción a la ley de seguridad del Estado, entonces, la autoridad política, cualquiera sea la que esté ejerciendo el mando, elige el camino a seguir“.
Consultado por la situación de jóvenes que se encuentran en prisión preventiva por tiempo excesivo, cuyas familias se han manifestado al respecto, Cisternas manifestó que “entiendo que casi nadie está actualmente en prisión preventiva, si no con otras cautelares, pero es una ley de mayor rigor que naturalmente autoriza el hecho de que se prolongue la prisión preventiva“.
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No obstante, precisó, “la gran norma que rige entre nosotros desde la aprobación del sistema procesal penal nuevo, es que la prisión preventiva es absolutamente excepcional, la norma es que la persona espere la sentencia en su casa“, agregando que “es natural que la gente reclame por largo tiempo de prisión preventiva (…) Eso no es aceptado hoy en el ámbito del derecho penal“.
Finalmente, en cuanto a si el retiro de las querellas podrían ser consideradas como una “injerencia” del gobierno en el poder judicial, Cisternas indicó que “no sería una injerencia del gobierno, porque la facultad de disponer indultos generales es del Congreso y particulares del presidente de la República”.
