El defensor nacional subrogante conversó con CNN Chile sobre la iniciativa que busca poder entregar asesorías legales a las personas en las diferentes unidades policiales dentro de las primeras horas desde su detención. "Es un paso significativo para la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad", agregó.
La Defensoría Penal Pública puso en marcha su plan piloto que busca que los defensores públicos puedan entregar asesoría legal a las personas desde sus primeras horas de detención, en las diferentes unidades policiales. Actualmente, la iniciativa se encuentra funcionando en seis comunas, y se espera que en diciembre termine la marcha blanca, para poder implementarla en todo el país.
Para poder saber como está funcionando y los objetivos de este proyecto, CNN Chile conversó con el defensor nacional (s), Marco Montero, quien explicó porqué nació este programa. “Este plan surge a partir de una necesidad que se advierte con el estallido social, que releva la importancia de tener defensores y defensoras públicas en las unidades policiales, con la finalidad de resguardar de mejor manera el derecho a la defensa jurídica que tienen las personas”, relató.
También señaló que este plan les ha permitido “capacitar a miles de funcionarios de Carabineros en los derechos y garantías de las personas que se encuentran detenidas. Y también, entrar a las comisarías para empezar nuestro trabajo de asesorías y de representación jurídica a tantas personas que permanecen detenidas esperando una respuesta por parte de las autoridades”.
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Respecto a que si este nuevo funcionamiento podría evitar que las personas terminen con una presión preventiva, Montero afirmó que “podría eventualmente, si a través de la entrevista que se realiza se obtienen antecedentes o insumos que puedan ser utilizados como línea de defensa en un tribunal. Y aportar al juez, mejores elementos para decidir si es pertinente o no una media cautelar, como lo es la prisión preventiva“.
El defensor nacional (s) aseguró que este proyecto ayudará a proteger los derechos humanos de las personas detenidas y con el tiempo sabrán si es sostenible en el tiempo. “Esto es algo completamente innovador en el contexto latinoamericano. Estamos dando un paso significativo en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad. A partir de esta experiencia esperamos poder dimensionar en su justa medida cuanto implica en términos de recursos y de esfuerzo institucional de poder ampliarlo para una cobertura nacional”, dijo.
“Creemos que esta iniciativa va en la línea de fortalecer el derecho a la defensa. Pero también proporciona mayores niveles de transparencia y legitimidad del actuar de las policías. Lo que repercuta en una mayor confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia penal en su conjunto”, agregó.
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Detenidos durante el estallido social
En la misma conversación, Montero fue consultado por las cifras oficiales de personas que se encuentran en prisión preventiva por hechos ocurridos durante el estallido social del 2019, aunque no entregó una exacta.
“Hemos sido muy categóricos en decir que la institución maneja cifras y las ha entregado, sin embargo, hemos sido responsables en la forma que entregamos esa información. Señalando que, para que podamos tener una cifra que fuera lo más correcta, es necesario que nos pongamos de acuerdo todos los actores del sistema de justicia penal, en cuáles son las variables o criterios que vamos a utilizar para considerar que un delito es vinculable al estallido social”, explicó.
Según un reportaje de Ciper Chile, actualmente 77 personas se encuentran detenidas por hechos delictuales ocurridos durante este período, de los cuales 51 están en prisión preventiva y 26 ya han sido condenados. Sin embargo, Montero aseveró que ellos no son los únicos que ven estas causas.
“Lo que ocurre es que la defensoría penal pública se hace cargo de brindar defensa jurídica a toda persona que lo requiera. Pero no somos los únicos actores que cumplimos esta labor. Está la defensa privada que asume la representación legal de estas personas ante los tribunales. Y estos casos representan a un universo que no necesariamente nosotros atendemos. En casos de personas que están en prisión preventiva vinculables al estallido social, tenemos una cantidad de defensores bastante acotado, que hace un tiempo atrás eran ocho”, concluyó.
