La directora de Incidencia de Espacio Público analizó el comienzo del juicio oral en la causa que afecta al ex senador Orpis. Apuntó, además, que falta "mayor transparencia y rendición de cuentas" en materia de persecusión de los delitos de corrupción por parte de parte del Ministerio Público.
Este lunes se dio inicio al juicio oral del caso Corpesca, donde están imputados, entre otros, los ex parlamentarios Jaime Orpis y Marta Isasi.
En la jornada de hoy, Orpis tuvo debió asistir al Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. El ex legislador está acusado de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios, todos en calidad de reiterados. Según el Ministerio Público, el ex senador recibió cerca de 260 millones de pesos por parte de la pesquera en un período de cinco años, además de defraudar al Estado en 248 millones de pesos.
En el caso de la otrora diputada Marta Isasi se le imputan delitos tributarios y cohecho. Ésto por haber recibido dineros desde Corpesca mientras se tramitaba la polémica Ley de Pesca. El ex senador de la UDI arriesga una pena total de 21 años de cárcel, mientras que Isasi siete años.
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En conversación con Marca Registrada, la directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, aseguró que para ella el cohecho es el delito más grave que enfrenta Orpis.
“El impacto social que tiene que un senador reciba recursos para votar a favor de los intereses de una empresa en una ley como la ley de pesca, que afecta a la sociedad, a grupos pequeños y grandes de una manera muy potente, es un caso muy grave”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que “es bastante ingenuo pensar que alguien va a recibir 240 millones de pesos de una empresa por nada, a mi me cuesta mucho pensar eso, especialmente cuando se estaba tramitando una ley que afectaba a Corpesca”.
Sobre la posibilidad de que Orpis cumpla penas de cárcel efectiva, Jaraquemada dijo que “las penas no son muy altas” y que los 541 días con la ley actual no son suficientes para aquello.
Por otra parte, aseguró que comparte algunas conclusiones del informe de la OCDE asegurando que, de parte del Ministerio Público, “falta mayor transparencia y rendición de cuentas de por qué se aplican ciertos estándares algunas veces y por qué se persiguen algunas veces los delitos y otras veces no”.
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